El Parlamento prevé sacar adelante antes de finales de marzo la National Digital Economy and E-Governance Bill, una ley que busca ordenar el rápido despliegue de tecnologías de IA en la mayor economía y el país más poblado del continente, tras años de expansión prácticamente sin supervisión por parte de grandes plataformas tecnológicas globales.
La futura norma llega dos años después de que el país publicara un borrador de su estrategia nacional de inteligencia artificial, pero sin un respaldo jurídico efectivo. Con este proyecto legislativo, Nigeria pretende dotar a los reguladores de nuevas competencias sobre datos, algoritmos y plataformas digitales, cubriendo un vacío que se había vuelto cada vez más evidente a medida que la IA ganaba peso en la banca, los servicios públicos y el sector privado.
Según ha explicado Kashifu Abdullahi, director general de la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información, el objetivo es regular de forma temprana, en lugar de reaccionar a posteriori. En sus palabras, se trata de establecer salvaguardas claras para garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle dentro de unos límites definidos y que los posibles abusos puedan detectarse y contenerse con rapidez.
El texto introduce un enfoque basado en el riesgo, similar al que ya se perfila en la Unión Europea y algunas regiones de Asia. En este sentido, los sistemas de inteligencia artificial considerados de mayor riesgo, como los utilizados en finanzas, administración pública, vigilancia o toma de decisiones automatizadas, quedarán sujetos a un control reforzado.
Los desarrolladores de estas soluciones deberán presentar evaluaciones de impacto anuales en las que detallen los riesgos asociados, las medidas de mitigación aplicadas y el rendimiento de los sistemas una vez desplegados. Este mecanismo permitirá a las autoridades seguir de cerca el comportamiento real de las herramientas de IA y su impacto en la sociedad y la economía.
La ley también refuerza de forma significativa las capacidades de supervisión del regulador. Entre otras atribuciones, podrá exigir información a los proveedores, emitir directrices de obligado cumplimiento y suspender o restringir el uso de sistemas que se consideren inseguros o no conformes con la normativa.
Asimismo, se contempla un régimen de sanciones que permitirá imponer multas de hasta 10 millones de nairas (unos 6.000 euros), o el equivalente al 2% de los ingresos brutos anuales generados en Nigeria por el proveedor de IA. Aunque el texto no detalla todavía cómo se calcularán estas penalizaciones, la medida introduce un claro incentivo al cumplimiento, especialmente para las empresas que operan a gran escala.
Más allá del control, el proyecto de ley establece principios éticos en torno a la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas en el uso de la inteligencia artificial. De este modo, Nigeria aspira a equilibrar la protección de los ciudadanos con el impulso a la innovación tecnológica.
En esta línea, la norma prevé la creación de entornos controlados de prueba, donde startups e instituciones puedan experimentar con nuevas soluciones de IA bajo supervisión regulatoria. El objetivo es fomentar el desarrollo tecnológico sin renunciar a los mecanismos de seguridad necesarios.
Si finalmente se aprueba, la ley situará a Nigeria en una posición de liderazgo regulatorio en África, por delante de otros países como Egipto, Mauricio o Benín, que cuentan con estrategias nacionales pero carecen de legislación específica.