A través de un proyecto de Real Decreto en fase de audiencia pública, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública plantea elevar la velocidad mínima de acceso a internet y ampliar el número de beneficiarios hasta los 800.000, con el objetivo de adaptar este servicio a la realidad tecnológica actual.
El Servicio Universal de Telecomunicaciones garantiza el acceso a servicios básicos como la telefonía fija y la conexión a internet con independencia de la localización geográfica del usuario, bajo criterios de calidad y precio asequible. Con la nueva propuesta, el Ejecutivo busca reforzar este marco y consolidarlo como una herramienta clave para la cohesión digital.
El cambio más relevante del nuevo reglamento es el incremento de la velocidad mínima de conexión. En la actualidad, el umbral se sitúa en 10 Mbps, mientras que la propuesta eleva este requisito hasta 100 Mbps. De este modo, España se convertiría en el primer país europeo en fijar este nivel dentro del Servicio Universal.
Este salto responde a la evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones en el país: la extensión de la fibra óptica, el despliegue de redes móviles 5G y la mejora de las capacidades satelitales permiten garantizar velocidades superiores en prácticamente todo el territorio. En este sentido, el nuevo marco busca alinear las obligaciones regulatorias con las capacidades reales de las redes.
Asimismo, el proyecto introduce un cambio en el modelo de prestación. En lugar de depender de un único operador designado, como ocurre actualmente con Telefónica, la propuesta establece que todos los operadores deberán ofrecer el Servicio Universal dentro de su cobertura. Esta medida pretende reforzar la competencia y facilitar la elección por parte de los usuarios.
Junto a las mejoras técnicas, el Gobierno plantea reforzar el componente social del servicio. El nuevo reglamento obligará a los operadores a aplicar descuentos de al menos un 25% en las tarifas dirigidas a usuarios con rentas bajas. Además, se amplía el colectivo de beneficiarios al incluir a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital. Esta medida permitiría extender la cobertura del Servicio Universal hasta cerca de 800.000 hogares en España, lo que supone un incremento significativo respecto al sistema actual.
En paralelo, el proyecto introduce nuevas obligaciones en materia de accesibilidad. Los operadores deberán disponer de una oferta suficiente de terminales adaptados para personas con discapacidad. Asimismo, deberán incorporar, junto con las plataformas de emergencia 112, la funcionalidad de Texto en Tiempo Real antes de junio de 2027, con el objetivo de facilitar la comunicación a personas con dificultades auditivas o del habla.
El nuevo reglamento se encuentra actualmente en fase de consulta pública, por segunda vez, abierta hasta el 25 de mayo de 2026 como paso previo a su aprobación definitiva. Está previsto que el régimen actualizado entre en vigor el 1 de enero de 2027.