El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una consulta pública para recabar la opinión del sector, las organizaciones sociales y los agentes potencialmente afectados sobre la actualización de este pilar histórico de la regulación española.
La iniciativa pretende adaptar el marco vigente a una realidad tecnológica y competitiva radicalmente distinta a la de 2005, año en que se aprobó el actual Real Decreto que lo regula.
La consulta llega en un momento marcado por la expansión de las redes de muy alta capacidad, el auge de la fibra hasta el hogar y la generalización de la 5G. En este contexto, el Ejecutivo considera necesario revisar parámetros clave como la velocidad mínima garantizada o la obligación de tarifas asequibles para colectivos vulnerables, tal y como establece la Ley General de Telecomunicaciones de 2022.
¿Qué es lo que quiere cambiar el Gobierno?
El Servicio Universal garantiza que toda la ciudadanía, viva donde viva, tenga acceso a telefonía fija y a una conexión a internet de banda ancha a un precio asequible. Desde la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones, la velocidad mínima se fijó en 10 Mbps, una cifra que la normativa permite revisar en función de la evolución tecnológica y de las condiciones de competencia del mercado.
En este sentido, la disposición adicional trigésima de la Ley General de Telecomunicaciones fijaba como objetivo la universalización de los 100 Mbps, un hito que los programas financiados con fondos europeos han permitido anticipar. La consulta pública abre ahora la puerta a traducir ese salto tecnológico en una obligación regulatoria.
El Ministerio subraya que las redes españolas presentan hoy unos niveles de cobertura inéditos en Europa: 94% de los hogares con banda ancha fija de gran capacidad; 84% de cobertura gigabit en zonas rurales; y 96% de cobertura 5G en el conjunto del país, con fuerte aceleración en áreas no urbanas.
Esta situación, unida a los programas públicos de despliegue, en especial ÚNICO Demanda Rural, que ya garantiza 200 Mbps en zonas remotas, permitiría revisar al alza la velocidad mínima del Servicio Universal para que refleje la experiencia real de los usuarios en 2025.
Además, la Ley de 2022 introdujo una novedad de calado: todos los operadores, y no solo el adjudicatario del Servicio Universal, deberán ofrecer tarifas asequibles destinadas a personas con rentas bajas o necesidades sociales especiales. Estas opciones deberán ser transparentes, públicas y no discriminatorias, e incluir tanto servicios de voz fija como acceso a banda ancha fija o ambos de manera empaquetada.
Nuevas obligaciones y un marco en revisión
La consulta pública plantea cuatro bloques de reflexión. Por un lado, los problemas que pretende resolver la norma, incluyendo la obsolescencia del actual decreto y la necesidad de actualizar las garantías de calidad y asequibilidad; en segundo lugar, la oportunidad y necesidad de aprobar una nueva regulación; en tercer lugar, los objetivos de la futura norma, desde la revisión de la velocidad mínima hasta la concreción de los abonos sociales; y finalmente, las alternativas regulatorias y no regulatorias que permitan adaptar el Servicio Universal a la realidad actual .
El Ministerio reconoce que los cambios tecnológicos y la amplia competencia en el mercado han transformado radicalmente las necesidades de los ciudadanos, por lo que resulta imprescindible adecuar el régimen jurídico del Servicio Universal al nuevo entorno digital.
También recuerda que el Servicio Universal es una herramienta clave para la protección de los usuarios, ya que evita que colectivos vulnerables queden excluidos del acceso a internet, considerado ya un servicio esencial.
Próximos pasos: hacia una nueva regulación en 2026
La consulta estará abierta hasta el 3 de diciembre de 2025, tras lo cual la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones analizará las contribuciones y elaborará el borrador de norma que sustituirá al Real Decreto de 2005. El nuevo marco deberá incorporar las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones y adaptarse a los ambiciosos niveles de conectividad alcanzados en España.
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