La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital ha aprobado una Proposición no de Ley impulsada por ERC y pactada con el PSOE que reclama al Gobierno cambios normativos para garantizar que las órdenes de bloqueo sean proporcionales y no afecten a servicios legítimos ajenos a las emisiones no autorizadas.
La iniciativa no modifica por sí misma la legislación vigente, pero marca una hoja de ruta para revisar el actual sistema de ejecución de bloqueos con el objetivo de evitar que medidas destinadas a impedir la retransmisión ilegal de contenidos deportivos terminen con efectos colaterales sobre medios de comunicación digitales, páginas web, plataformas, comercios online, servicios técnicos o comunidades digitales que no tienen relación con la piratería.
Durante los últimos meses, diversas empresas y usuarios han denunciado incidencias asociadas a bloqueos de IP aplicados en el marco de la protección de derechos audiovisuales. El conflicto se ha centrado especialmente en el fútbol, donde LaLiga y operadores como Telefónica han recurrido a esta herramienta para limitar el acceso a emisiones no autorizadas.
El problema surge cuando el bloqueo de una dirección IP afecta también a servicios legítimos alojados bajo la misma infraestructura. En un ecosistema digital donde múltiples webs pueden compartir recursos de red, una medida poco precisa puede dejar fuera de servicio a terceros ajenos al contenido ilegal. En la práctica, esto puede traducirse en tiendas online inaccesibles, plataformas y medios que pierden tráfico, pagos que no se completan o usuarios que no pueden acceder a servicios que nada tienen que ver con la retransmisión de partidos.
En este sentido, la iniciativa aprobada en el Congreso busca introducir el principio de proporcionalidad tecnológica como criterio central.
La Proposición no de Ley reclama al Gobierno revisar los protocolos de ejecución de las sentencias que autorizan bloqueos de IP. El texto pide que estas medidas se apliquen con mayor precisión técnica para evitar impactos sobre plataformas digitales legítimas o servicios esenciales.
Asimismo, plantea la creación de un mecanismo de supervisión interministerial en el que participen, al menos, los ministerios de Justicia, Cultura y Transformación Digital. Este órgano tendría como función evaluar de forma continua el impacto de las órdenes de bloqueo sobre servicios y aplicaciones legítimas, además de promover alternativas técnicas que preserven los derechos digitales.
Otro de los puntos relevantes es la petición de impulsar cambios en la Ley de Servicios Digitales y en la Ley de Propiedad Intelectual con el fin de incorporar el principio de proporcionalidad tecnológica y reforzar la responsabilidad de los titulares de derechos cuando las medidas de bloqueo generen daños a terceros.
La iniciativa también reclama que el derecho a la información, la libertad de expresión y la innovación social digital sean considerados derechos protegidos frente a medidas indiscriminadas. Esta mención resulta especialmente relevante cuando los bloqueos afectan a servicios gratuitos, proyectos sin ánimo de lucro o plataformas de interés público, como la prensa.
El Congreso no cuestiona la necesidad de combatir la piratería, pero sí el alcance de algunas herramientas utilizadas para hacerlo. La clave está en diferenciar entre medidas dirigidas contra páginas que emiten contenidos sin autorización y bloqueos de amplio alcance que afectan a infraestructuras compartidas.
En este contexto, la iniciativa pide abrir un espacio de diálogo entre operadoras, titulares de derechos, plataformas afectadas, administración y organismos de protección de derechos digitales. La finalidad es definir un protocolo de buenas prácticas que permita actuar contra los servicios ilegales sin comprometer la actividad de terceros. Además, el texto reclama que el Gobierno adopte una posición activa ante el poder judicial para que las órdenes de bloqueo cumplan con el principio de proporcionalidad y minimicen su impacto sobre la ciudadanía. Esto implicaría una mayor atención a los efectos técnicos de cada medida antes de su ejecución.
La iniciativa ha contado con el apoyo de ERC, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y Compromís. PP y Vox votaron en contra, mientras que Junts no ha participado en la votación. Aunque se trata de una Proposición no de Ley, su aprobación tiene valor político porque refleja un cambio de sensibilidad en torno a un problema que hasta ahora había quedado principalmente en manos de operadores, titulares de derechos y juzgados. Ahora la pelota pasa al Gobierno, quien deberá decidir si transforma esta orientación parlamentaria en cambios normativos concretos.