La estrategia combina el desarrollo de infraestructura y modelos propios, la incorporación de IA a las empresas, nuevas medidas de ciberseguridad y un futuro acuerdo sobre las consecuencias laborales y sociales de esta tecnología.
El punto de partida es una adopción que el Ejecutivo considera elevada: casi la mitad de la población española en edad laboral utiliza ya IA generativa, mientras una de cada cinco empresas emplea inteligencia artificial de forma habitual. Sobre esta base, el Gobierno pretende convertir el uso de estas herramientas en actividad económica, aunque con reglas que permitan controlar sus riesgos.
“Es evidente que este desafío de la inteligencia artificial ya no es para dentro de 5, 10 o 50 años, es de ahora mismo”, ha defendido Pedro Sánchez durante la presentación.
El primer eje del Plan IA360 se centra en aumentar las capacidades tecnológicas disponibles en España. Entre los proyectos incluidos figura la futura gigafactoría de inteligencia artificial, además del desarrollo junto al Barcelona Supercomputing Center de nuevos modelos de IA para casos de uso relacionados con la emergencia climática, la energía y la salud.
La infraestructura física tendrá también un papel específico y para ello el Ejecutivo plantea impulsar centros de datos sujetos a estándares energéticos y medioambientales y que, además, permitan preservar la autonomía sobre la información almacenada. Se trata, por tanto, de vincular el crecimiento de la capacidad de cómputo con la soberanía del dato y el impacto de estas instalaciones sobre los territorios donde se desplieguen.
El Gobierno habilitará lo que han denominado como un Bono Inteligencia Artificial para pymes y autónomos, concebido para facilitar el acceso de estas empresas a la tecnología
El segundo eje busca trasladar la rápida adopción de la IA al tejido productivo. Para ello, el Gobierno habilitará lo que han denominado como un Bono Inteligencia Artificial para pymes y autónomos, concebido para facilitar el acceso de estas empresas a la tecnología con el objetivo de que, para 2030, más de la mitad de las compañías españolas hayan incorporado la IA a su actividad.
Además, el plan introduce cambios en la formación. El Gobierno adaptará los currículos de Secundaria y Formación Profesional para incorporar el uso de la inteligencia artificial y preparar a los alumnos para convivir con estas herramientas. Al mismo tiempo, se plantearán medidas para evitar que su utilización perjudique el proceso de aprendizaje.
El tercer bloque sitúa la seguridad y la gobernanza entre las prioridades de IA360. El Ejecutivo prevé reforzar el escudo español de ciberseguridad y aumentar la supervisión sobre los denominados modelos de frontera, es decir, los sistemas de IA más avanzados y con mayores capacidades.
“Creo que los riesgos de una IA sin control son cada vez más evidentes”, ha señalado Sánchez, que ha defendido una inteligencia artificial con “supervisión y trazabilidad” y en la que el criterio humano conserve su papel en aquellas decisiones en las que resulte necesario.
“Una IA desregulada, opaca, en estampida y en manos de unos pocos es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia”
Esta posición enlaza con el rechazo del Ejecutivo a dejar el control exclusivamente en manos de las compañías tecnológicas. En este sentido, Sánchez ha sostenido que “si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona” y ha advertido que “una IA desregulada, opaca, en estampida y en manos de unos pocos es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia”.
El Gobierno plantea, además, reforzar su actuación internacional para reclamar responsabilidad legal y financiera por daños asociados a sistemas de IA, entre los que cita los deepfakes, los efectos sobre la salud mental de menores y jóvenes y las vulneraciones de propiedad intelectual e industrial. Para ello apunta a instrumentos como la Oficina Europea de IA, el Panel Científico de Naciones Unidas y el Diálogo Global.
El Ejecutivo se ha comprometido a convocar en octubre a los agentes sociales para iniciar la negociación de un “Contrato Social por la Inteligencia Artificial”
El cuarto eje traslada el debate al mercado laboral. Por ello, el Ejecutivo se ha comprometido a convocar en octubre a los agentes sociales para iniciar la negociación de un “Contrato Social por la Inteligencia Artificial”, con participación de empresas, trabajadores, sindicatos, partidos políticos y administraciones públicas para anticipar las transformaciones que la automatización y los nuevos sistemas de IA pueden provocar sobre los puestos de trabajo y la vida cotidiana. “En definitiva, un gran acuerdo de país [...] para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo y en la vida que esta tecnología va a suponer”, ha explicado Sánchez.
Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha situado el debate más allá de la disyuntiva entre “acelerar o frenar”. El Gobierno prevé reunir también a expertos, científicos, universidades, empresas, sindicatos, sociedad civil y administraciones para abordar el despliegue de la tecnología.
El plan IA360 se apoya asimismo en iniciativas anteriores como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en A Coruña, el laboratorio de Naciones Unidas en Valencia y el acuerdo europeo sobre la legislación de IA alcanzado durante la Presidencia española del Consejo de la UE.