La reclamación corresponde a las cuotas de unos 4.200 trabajadores que operaban como falsos autónomos. La plataforma prevé completar el paso de sus últimos repartidores independientes a flotas contratadas el 30 de noviembre.
Uber Eats deberá abonar 24,7 millones de euros a la Seguridad Social en el marco de la regularización de sus repartidores en España. La actuación de la Inspección de Trabajo ha acreditado que alrededor de 4.200 trabajadores prestaban servicio como falsos autónomos y ha reclamado las cotizaciones correspondientes. La compañía ha confirmado el importe y lo vincula a su compromiso de ingresar las contribuciones de los repartidores.
El pago se suma a los aproximadamente 110 millones de euros en cuotas impagadas que Uber Eats aceptó abonar en primavera, aquella actuación afectaba a unos 60.000 repartidores que habían trabajado bajo el modelo de autónomos entre 2022 y 2025. La nueva reclamación se produce cuando la plataforma se prepara para cerrar su transición a un sistema basado en personal contratado por empresas colaboradoras.
El calendario quedó fijado en el acuerdo que Uber Eats firmó a finales de octubre con UGT y CCOO, el pacto contempla la incorporación como asalariados de los 4.286 repartidores autónomos que todavía operaban en la plataforma. La fecha prevista para hacer efectiva esa contratación es el próximo 30 de noviembre.
Los trabajadores pasarán a las plantillas de las flotas subcontratadas que colaboran con Uber Eats, la plataforma mantiene así su modelo de reparto a través de otras empresas, que asumirán la contratación y el alta de estos profesionales en el Régimen General de la Seguridad Social.
La cifra de 4.286 personas corresponde al colectivo incluido en el acuerdo sindical, por su parte, la actuación inspectora sobre la que se calcula el nuevo pago se refiere a unos 4.200 repartidores. Ambos datos describen aspectos del proceso de regularización que está culminando la compañía.
Uber Eats anunció en enero de 2026 que pondría fin a su operativa con repartidores autónomos en España, desde entonces, más de 14.000 trabajadores han sido contratados por las flotas colaboradoras y dados de alta como asalariados, según la información facilitada por la empresa con motivo del acuerdo de octubre.
Durante la transición convivieron el reparto mediante empresas de flotas y la actividad de los profesionales que seguían figurando como autónomos. La incorporación del último grupo permitirá completar el cambio anunciado a comienzos de año, después de más de diez meses de adaptación.
El acuerdo con los sindicatos fija una fecha para terminar esa convivencia de modelos, para los repartidores afectados, el cambio implica que su actividad se articule mediante una relación laboral con la empresa de flota correspondiente, responsable de su contratación.
La contratación de los repartidores y el ingreso de las cuotas reclamadas responden a dos partes del mismo proceso, mientras el cambio de modelo organiza la prestación futura del servicio, la reclamación de la Seguridad Social exige abonar cotizaciones que no se ingresaron por el trabajo ya realizado.
En marzo, la Inspección había concluido que decenas de miles de repartidores habían operado como falsos autónomos durante el periodo comprendido entre 2022 y 2025. La aceptación por Uber Eats de aquella reclamación de unos 110 millones supuso un primer desembolso reconocido, al que ahora se añaden los 24,7 millones.
La compañía sitúa este nuevo pago dentro de su compromiso de abonar todas las contribuciones correspondientes, el siguiente hito anunciado es el 30 de noviembre, cuando los últimos repartidores autónomos incluidos en el acuerdo deberán incorporarse a las flotas contratadas.