La plataforma de reparto Glovo ha comunicado a los sindicatos su intención de ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 750 repartidores en más de 60 ciudades españolas.
La medida llega menos de un año después de que la compañía culminara su transición hacia un modelo laboral basado en repartidores asalariados, tras años de presión regulatoria y judicial para abandonar el sistema de falsos autónomos. Según ha explicado la propia empresa, la decisión responde a una reestructuración de su actividad en determinados mercados locales y a dificultades operativas en algunas ciudades.
El ajuste afectará a localidades distribuidas en varias provincias, entre ellas Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Gipuzkoa, además de Ceuta y Melilla.
La plataforma reducirá su presencia en más de 60 localidades con el objetivo de evitar el cierre de la actividad en esos mercados
En concreto, la plataforma reducirá su presencia en más de 60 localidades con el objetivo de evitar el cierre de la actividad en esos mercados, mientras que el resto de su red operativa continuará funcionando con normalidad. Según la empresa, la aplicación mantiene su actividad habitual en más de 800 ciudades españolas.
En julio del año pasado la plantilla de repartidores asalariados de la compañía rondaba los 14.000 trabajadores. No obstante, fuentes del sector estiman que el número total de repartidores vinculados a la plataforma asciende a unos 21.000 si se incluyen también los trabajadores empleados a través de empresas subcontratadas.
Tensiones con los sindicatos y denuncia ante la Audiencia Nacional
El anuncio del ERE se produce en un contexto de creciente tensión entre la empresa y los sindicatos. Comisiones Obreras, organización con mayor presencia en la compañía, había advertido semanas antes sobre la existencia de un posible ERE encubierto debido a una sucesión de despidos detectados en los últimos meses. En concreto, el sindicato ha anunciado una denuncia ante la Audiencia Nacional al considerar que la empresa ha superado el umbral legal de despidos individuales que obliga a tramitar un expediente colectivo, ya que según su interpretación, la compañía habría realizado más de 30 despidos en un periodo de 90 días, lo que requeriría la apertura formal de un procedimiento de regulación de empleo. Además, el sindicato sostiene que muchos de esos despidos se han tramitado como disciplinarios y considera que se trata de ceses injustificados.
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