Capgemini venderá su filial en Estados Unidos tras la polémica por un contrato con el ICE
Capgemini ha decidido desprenderse de su filial estadounidense Capgemini Government Solutions (CGS) tras la controversia generada por un contrato firmado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La compañía francesa de servicios de tecnología de la información ha comunicado que la operación responde a la imposibilidad de ejercer un control adecuado sobre determinadas actividades de la subsidiaria debido a las restricciones legales asociadas a la contratación federal en Estados Unidos.
La decisión se ha adoptado tras una reunión de emergencia del consejo de administración, convocada después de que en los últimos días aumentara la presión política, sindical y mediática en torno al acuerdo con el ICE, adjudicado en diciembre. Según ha explicado la propia empresa, las limitaciones normativas vinculadas a contratos con entidades federales que desarrollan actividades clasificadas dificultan garantizar la alineación de la filial con los objetivos y valores del grupo.
Capgemini ha detallado que CGS representa aproximadamente el 0,4% de los ingresos estimados del grupo en 2025 y menos del 2% de sus beneficios en Estados Unidos. De este modo, la compañía subraya que la venta no tendrá un impacto material relevante en su negocio global. El proceso de desinversión se iniciará de forma inmediata, aunque por el momento no se han comunicado plazos ni potenciales compradores.
El contrato con el ICE lo desveló inicialmente el medio independiente francés L’Observatoire des multinationales, en una información que apuntaba a que CGS prestaba servicios de rastreo de personas desaparecidas utilizados por la agencia estadounidense para verificar domicilios particulares y laborales, en apoyo a operaciones de deportación dentro de una ofensiva antiinmigratoria de gran escala. El acuerdo marco tenía un límite de más de 365 millones de dólares, con cerca de 4,8 millones ya comprometidos.
En la práctica, este tipo de contratos implican el uso de datos procedentes de expedientes gubernamentales combinados con bases de datos comerciales, registros públicos, información telefónica, redes sociales e incluso observación física, con el objetivo de confirmar la localización de una persona. Documentos publicados por la revista estadounidense Wired describían un sistema de incentivos que incluía bonificaciones económicas por alto rendimiento y la asignación simultánea de miles de casos a las empresas adjudicatarias.
Según Wired, la convocatoria gubernamental contemplaba incluso “servicios de observación física” cuando la verificación de datos comerciales no resultaba suficiente. The Intercept informó posteriormente de que al menos diez empresas ya habían superado el millón de dólares en ingresos gracias a este programa y que el volumen total podría rebasar los mil millones de dólares hasta 2027, con CGS como uno de los principales beneficiarios potenciales.
Ante el creciente escrutinio mediático, el consejero delegado de Capgemini, Aiman Ezzat, ha asegurado públicamente que la alta dirección había tenido conocimiento del contrato “a través de fuentes públicas” y que este no se encontraba en ejecución en ese momento, además de estar sujeto a impugnación legal. De forma paralela, un mensaje interno dirigido a la plantilla indicaba que la filial estadounidense había iniciado un proceso de revisión del contenido del acuerdo.
Según The Washington Post, el propio ICE reconoció en una sesión informativa con posibles contratistas que la información recopilada podría derivar en redadas y en la adopción de medidas coercitivas, lo que intensificó el debate sobre el alcance y las implicaciones éticas de este tipo de servicios tecnológicos.
Investigaciones del medio francés Les Jours señalan que los vínculos entre Capgemini Government Solutions y el ICE se remontan a casi dos décadas. Datos del portal USAspending.gov muestran que alrededor del 65 % de los contratos adjudicados a CGS por agencias federales estadounidenses procedían del ICE. Ya en 2007, estos acuerdos incluían tareas de planificación operativa y modelado de la capacidad de detención.
Un ex alto funcionario del ICE declaró a Les Jours que CGS se había convertido en un proveedor esencial para determinadas funciones del organismo, hasta el punto de que su salida podría paralizar algunas operaciones. Esta dependencia se habría visto reforzada por un fenómeno de “puertas giratorias”, con empleados que transitan entre la agencia y la filial tecnológica, asegurando continuidad y conocimiento institucional.
Una auditoría de 2021 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional detectó deficiencias en la supervisión de estos contratos, incluidos sobrecostes laborales y falta de garantías sobre la cualificación del personal asignado.
Las revelaciones han provocado una reacción contundente en Francia. El sindicato CFDT exigió mayor transparencia a la dirección en un contexto de posibles recortes de hasta 2.400 empleos en el país, mientras que la CGT reclamó el cese inmediato de cualquier colaboración con el ICE. En el ámbito político, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, pidió una aclaración “extremadamente transparente” de las actividades de la compañía, y la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, solicitó un escrutinio ético riguroso.