La Comisión de Seguridad Electrónica de Australia (eSafety) ha presentado una demanda civil ante el Tribunal Federal del país contra Telegram por un presunto incumplimiento de la legislación australiana sobre seguridad en línea, que, según el regulador, la plataforma no adoptó las medidas necesarias para detectar y retirar material de propaganda terrorista, incumpliendo así las obligaciones establecidas en la normativa aprobada en 2021.
El caso supone una de las acciones regulatorias más importantes emprendidas por Australia contra una gran plataforma tecnológica y pone nuevamente el foco sobre la responsabilidad de los servicios de mensajería en la moderación de contenidos extremistas.
Según la demanda presentada por la eSafety Commission, Telegram permitió la difusión de vídeos y contenidos relacionados con algunos de los ataques terroristas más conocidos de los últimos años, entre el material citado por el organismo australiano figuran imágenes del atentado supremacista de Buffalo (Estados Unidos), la retransmisión y el contenido asociado al ataque contra las mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda), así como vídeos de decapitaciones atribuidas al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS).
La comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, afirmó que el procedimiento judicial gira en torno a contenido relacionado con “algunos de los actos de violencia extremista más notorios de la historia reciente”, señalando que las plataformas digitales deben asumir una mayor responsabilidad en la detección y retirada de este tipo de material. La demanda constituye además un importante test para la legislación australiana aprobada en 2021, que obliga a las plataformas tecnológicas a implementar mecanismos razonables para impedir la difusión de contenido ilegal y propaganda terrorista. Las autoridades sostienen que las empresas tecnológicas no solo deben actuar cuando reciben denuncias de los usuarios, sino también desarrollar sistemas capaces de identificar y eliminar de forma proactiva este tipo de publicaciones.
En caso de que Telegram sea declarada responsable, la compañía podría enfrentarse a una sanción económica de hasta 54,6 millones de dólares australianos, equivalentes aproximadamente a 38 millones de dólares estadounidenses.
La plataforma, con sede en Emiratos Árabes Unidos y alrededor de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, ha rechazado las acusaciones formuladas por el regulador australiano. Un portavoz de Telegram aseguró que la empresa niega las alegaciones y defenderá su posición ante los tribunales, afirmando que la compañía impugnará la demanda presentada por la eSafety Commission.
El procedimiento vuelve a situar a Telegram en el centro del debate internacional sobre la moderación de contenidos y el equilibrio entre privacidad, libertad de expresión y seguridad, y e que, aunque la aplicación es conocida principalmente por sus comunicaciones cifradas, el regulador australiano centra su actuación en el contenido compartido dentro de grupos, que pueden reunir hasta 200 miembros, y especialmente en los canales públicos, capaces de llegar a un número ilimitado de usuarios.
Las autoridades consideran que estos espacios pueden facilitar la difusión masiva de propaganda extremista si las plataformas no cuentan con mecanismos eficaces para detectar y eliminar este tipo de contenido.