La demanda, presentada por la agencia europea eu-LISA, afecta al consorcio responsable de desarrollar y mantener una infraestructura cuyo despliegue ha provocado importantes problemas operativos en aeropuertos europeos. El procedimiento judicial se inició el 22 de diciembre de 2025 ante un tribunal de Estonia, país donde tiene su sede eu-LISA. Según las cuentas anuales de la agencia, la decisión responde a los incumplimientos de los plazos de entrega y a la necesidad de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
El proyecto, inicialmente previsto para 2022, comenzó su implantación en octubre de 2025 y no completó su despliegue hasta este año. Su puesta en funcionamiento ha estado acompañada de fallos técnicos, interrupciones del servicio y retrasos en los controles de pasajeros.
El conflicto entre eu-LISA y las tres compañías se remonta varios años atrás. Según documentación interna publicada por Financial Times, el consorcio cuestionó reiteradamente los plazos establecidos por la agencia y las penalizaciones económicas derivadas de los retrasos.
En octubre de 2021, Atos Belgium e IBM Belgium rechazaron tanto el fundamento como el cálculo de una multa impuesta por eu-LISA. Ambas empresas atribuyeron parte de los incumplimientos a factores externos, entre ellos la pandemia de COVID-19. Posteriormente, en febrero de 2022, las tres compañías cuestionaron los nuevos calendarios de ejecución y criticaron la gestión general del proyecto. Un mes después, IBM aceptó que eu-LISA retuviera determinados pagos hasta resolver las discrepancias sobre las indemnizaciones.
Las dificultades también tuvieron consecuencias presupuestarias, ya que el valor del contrato pasó de 142 a 212 millones de euros en 2021
Las dificultades también tuvieron consecuencias presupuestarias, ya que el valor del contrato pasó de 142 a 212 millones de euros en 2021, mientras que los sucesivos retrasos incrementaron los costes de mantenimiento de hardware y software y afectaron al calendario de otros sistemas informáticos europeos.
En 2023, eu-LISA elevó el presupuesto destinado al EES hasta aproximadamente 40 millones de euros mediante la reasignación de recursos procedentes de otros proyectos. El contrato original expiró en 2025 y otro consorcio asumió posteriormente la implementación del sistema, aunque IBM, Atos y Leonardo mantuvieron sus responsabilidades hasta agosto de 2026.
El EES es una de las principales iniciativas de digitalización de las fronteras europeas. Su funcionamiento exige registrar fotografías faciales y huellas dactilares de viajeros de terceros países que acceden al espacio Schengen, con el objetivo de identificar posibles estancias superiores a las autorizadas y facilitar los controles de seguridad.
El sistema se aplica en los 29 países del espacio Schengen, que comprende 25 Estados miembros de la Unión Europea y cuatro países asociados: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Sin embargo, su implantación ha evidenciado dificultades tanto tecnológicas como operativas. Entre las incidencias documentadas figuran fallos en los quioscos de registro biométrico, interrupciones del sistema y problemas con lectores de huellas dactilares, especialmente cuando los dedos están húmedos.
Estas deficiencias, junto con la falta de personal en determinados controles fronterizos, han provocado esperas de hasta tres horas en momentos de máxima afluencia, provocando, en algunos casos, que algunos pasajeros incluso hayan perdido sus vuelos. Además, determinados países europeos todavía se encuentran en proceso de adquisición de los dispositivos necesarios para completar sus infraestructuras de control. Pese a estas incidencias, eu-LISA asegura que el procedimiento judicial no afecta al funcionamiento actual del EES, que considera plenamente operativo en Europa.
El desarrollo del sistema también ha estado rodeado de controversias relacionadas con la seguridad informática. Según avanza Financial Times, Atos habría utilizado su oficina de Moscú para adquirir software destinado a esta infraestructura fronteriza.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) encontró elementos suficientes para justificar nuevas investigaciones sobre esa posible participación rusa. Asimismo, advirtió que, si se confirmaban las acusaciones, podrían constituir un incumplimiento contractual. No obstante, eu-LISA aseguró que no había identificado vulneraciones de seguridad y OLAF devolvió el asunto a la agencia, pese a considerar insuficiente su evaluación inicial.
Por su parte, la Comisión Europea ha aclarado que no participa en el litigio y que la demanda se refiere exclusivamente a los retrasos durante el desarrollo tecnológico, sin relación directa con la operación actual del sistema.
El procedimiento continúa abierto ante el tribunal estonio, sin vistas celebradas ni fechas programadas.