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Son varios los actos a los que he asistido en las últimas semanas sobre ciberseguridad, desinformación, impacto de la IA… en los que un par de leyes europeas, salen continuamente a escena; pero no lo hacen por sus bondades o sus éxitos, sino más bien por todo lo contrario, por su poca eficacia o por haber conseguido el efecto opuesto a lo que se pretendía.

Apple ha presentado uno de los mayores desafíos legales hasta la fecha contra el Reglamento de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la ambiciosa normativa europea destinada a limitar el poder de las grandes tecnológicas.

El Parlamento Europeo ha aprobado la actualización de la normativa que regula los permisos de conducción en la Unión Europea, un marco legal que busca adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar la seguridad vial.

La Comisión Europea ha presentado un ambicioso plan de inversión de 1.000 millones de euros para impulsar la adopción de la inteligencia artificial (IA) en sectores estratégicos del continente, con el objetivo de reducir la dependencia tecnológica respecto a Estados Unidos y China y consolidar la autonomía digital de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha adjudicado a Atos uno de los mayores contratos de ciberseguridad firmados hasta la fecha en Europa. Con un valor máximo de 326 millones de euros y una duración de 48 meses, el acuerdo refuerza la estrategia comunitaria para blindar sus instituciones frente a ataques informáticos y consolidar la autonomía digital del bloque.

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en su estrategia tecnológica al lograr que los 27 Estados miembros se sumen a la Semicon Coalition, una iniciativa liderada por Países Bajos que reclama una revisión profunda de la actual Ley Europea de Chips (Chips Act) con el objetivo de garantizar el liderazgo europeo en un sector considerado crítico para la economía, la seguridad y la innovación global.

Apple ha elevado el tono frente a Bruselas al exigir la derogación de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), normativa comunitaria que busca limitar el poder de las grandes tecnológicas.

El sistema de llamada de emergencia eCall, obligatorio en todos los coches y furgonetas nuevos desde marzo de 2018, afronta su final. La Unión Europea ha decidido implantar a partir de 2026 una versión revisada, el denominado NG eCall, que funcionará con redes 4G y 5G en lugar de las antiguas 2G y 3G, lo que dejará sin servicio a millones de vehículos ya matriculados.

La Unión Europea ha dado un paso más hacia el lanzamiento del euro digital, una divisa electrónica diseñada para reducir la dependencia de proveedores de pago extranjeros como Visa, Mastercard o PayPal y reforzar la autonomía tecnológica y financiera del bloque.

Apple ha presentado los AirPods Pro 3 con una novedad destacada: la traducción en tiempo real, que permite mantener conversaciones en distintos idiomas escuchando la interpretación directamente en el oído. La función está diseñada para que dos personas puedan comunicarse de forma natural, incluso sin hablar el mismo idioma.

La Unión Europea ha retomado el debate sobre Chat Control 2.0, una regulación que plantea el escaneo obligatorio de comunicaciones privadas en servicios de mensajería con el objetivo de combatir el abuso sexual infantil en línea.

Nokia advierte de un veto encubierto en China a proveedores occidentales de equipos de telecomunicaciones que estaría afectando a ellos y a Ericsson que terminará con la inminente exclusión de los fabricantes.

El Tribunal General de la Unión Europea ha validado el pacto de transferencia de datos entre Bruselas y Washington firmado en 2023, otorgando seguridad jurídica a miles de empresas que dependen del flujo transatlántico de información personal.

La Unión Europea ha decidido dar marcha atrás en uno de los debates más polémicos de los últimos años: la imposición de una tasa de uso de red (fair share) a las grandes tecnológicas.

La Unión Europea mantiene su línea dura en defensa de la Digital Services Act (DSA) frente a la presión de Washington, lo que ha retrasado la firma del documento que oficializará el acuerdo comercial anunciado el pasado julio.