La iniciativa contempla restricciones a los algoritmos y mecanismos de diseño adictivo, nuevas obligaciones de transparencia publicitaria y mayores garantías en la contratación de servicios online. El paquete legislativo incluye también una reforma del Reglamento de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), que otorgaría a Bruselas competencias directas para investigar y sancionar infracciones de gran escala que afecten a usuarios de varios Estados miembros.
El Ejecutivo comunitario estima que las nuevas medidas podrían generar beneficios de hasta 13.700 millones de euros al año
Según la Comisión, las prácticas comerciales desleales provocan pérdidas de 10.300 millones de euros anuales a los consumidores europeos. El Ejecutivo comunitario estima que las nuevas medidas podrían generar beneficios de hasta 13.700 millones de euros al año.
Uno de los principales objetivos de la Digital Fairness Act es combatir los denominados dark patterns, técnicas de diseño de interfaces que condicionan las decisiones de los usuarios mediante mensajes engañosos o mecanismos de presión comercial.
Entre las prácticas que Bruselas pretende prohibir figuran las falsas advertencias sobre la disponibilidad limitada de productos, utilizadas para acelerar decisiones de compra. Asimismo, la propuesta permitirá a los consumidores desactivar funcionalidades de diseño adictivo, como el desplazamiento infinito de contenidos y la reproducción automática de vídeos.
La normativa también reforzará la transparencia de los precios dinámicos, especialmente en la venta de entradas para espectáculos y acontecimientos deportivos. En las colas virtuales, las plataformas deberán mostrar el precio vigente y el importe máximo posible. Además, exigirá información clara sobre las equivalencias monetarias de las divisas virtuales utilizadas en aplicaciones y videojuegos.
En materia publicitaria, los creadores de contenido deberán identificar expresamente las colaboraciones comerciales, como ya ocurre en España. También se restringirán las prácticas de publicidad y precios personalizados que exploten vulnerabilidades de los consumidores o afecten a menores.
La propuesta contempla restricciones a los mecanismos de monetización de videojuegos dirigidos a menores, especialmente las cajas de recompensa que simulan apuestas y los sistemas que presionan para pagar a cambio de progresar.
Por otro lado, Bruselas pretende acabar con las dificultades para cancelar suscripciones digitales. Las empresas deberán avisar antes de transformar una prueba gratuita en un servicio de pago y exigir una decisión consciente para determinadas renovaciones automáticas.
También se reconocerá el derecho a recibir atención humana en los servicios de asistencia al cliente, frente a los sistemas exclusivamente automatizados. Asimismo, se establecerán garantías específicas para las compras realizadas mediante agentes de inteligencia artificial.
La reforma del Reglamento CPC permitiría a la Comisión Europea investigar directamente infracciones comerciales de gran alcance y aplicar sanciones de hasta el 6% de la facturación anual mundial de las empresas responsables. Además, establecería plazos para mejorar la coordinación entre autoridades nacionales y obligaría a las compañías extracomunitarias a designar un representante legal en la Unión Europea.
El objetivo es combatir las prácticas que "distorsionan las decisiones de los consumidores y ejercen presión sobre ellos, lo que socava su capacidad para tomar decisiones informadas"
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, ha explicado que el objetivo es combatir las prácticas que "distorsionan las decisiones de los consumidores y ejercen presión sobre ellos, lo que socava su capacidad para tomar decisiones informadas".
Por su parte, el comisario Michael McGrath ha calificado ambas iniciativas como la reforma más importante de las normas europeas de protección de consumidores en más de veinte años. Las propuestas complementarán el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), aunque también han suscitado dudas sobre posibles solapamientos regulatorios.
Ahora deberán negociarse en el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su eventual aprobación y entrada en vigor.