La regulación, que ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno y las principales empresas del sector, exigirá que las grandes instalaciones acrediten un elevado porcentaje de suministro renovable y puedan reducir su consumo ante situaciones de congestión de la red.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido la medida como una forma de compatibilizar las inversiones tecnológicas con la sostenibilidad energética e hídrica y la soberanía digital. Según ha explicado, la ausencia de regulación podría haber provocado un sobrecoste de 5.000 millones de euros en el sistema eléctrico y un encarecimiento del 25% de la factura industrial.
La presión sobre la red es uno de los principales argumentos del Ejecutivo, ya que frente a una previsión inferior a cuatro gigavatios (GW) de demanda de centros de datos para 2030, actualmente existen 15 GW con permisos de acceso concedidos, seis en transporte y nueve en distribución, además de otros 20 GW pendientes.
La nueva regulación establece que los centros de datos deberán acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico anual procede de autoconsumo o contratos a largo plazo con instalaciones renovables. Además, introduce requisitos de correspondencia horaria entre el consumo y la generación renovable nueva. El calendario contempla cinco años de adaptación, con una exigencia transitoria del 60% durante las horas punta, hasta alcanzar el 80% en 2032.
Las principales obligaciones afectarán a nuevas instalaciones y ampliaciones con una potencia de acceso igual o superior a 10 MW. Sin embargo, los centros de datos a partir de 500 kW también deberán presentar informes anuales.
Asimismo, la norma incorpora mecanismos de flexibilidad para que estas infraestructuras reduzcan automáticamente su potencia o se desconecten en situaciones de congestión eléctrica. También exige alcanzar la máxima clasificación europea de eficiencia energética, clase A, aunque contempla límites transitorios, e introduce restricciones al consumo de agua para refrigeración.
En materia de soberanía digital, los centros de datos que presten servicios al sector público deberán garantizar que los datos permanezcan y se gestionen dentro de la Unión Europea. El incumplimiento de las obligaciones podrá acarrear recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, además de la posible pérdida de permisos de acceso y conexión.
La patronal SpainDC, que representa a empresas como Amazon, Google, Microsoft y Merlin Properties, ha advertido que la acumulación de requisitos técnicos, plazos y penalizaciones podría convertirse en una “prohibición de facto” para desarrollar nuevos centros de datos en España.
Entre sus principales objeciones figura la obligación de adaptar en seis meses determinados proyectos que ya cuentan con suelo, licencias, financiación y contratos comprometidos. Además, cuestiona la proporcionalidad de los recargos económicos, que considera posibles sanciones encubiertas.
El decreto también ha generado discrepancias jurídicas durante su tramitación. Los letrados del Consejo de Estado identificaron hasta 14 puntos potencialmente contrarios al ordenamiento jurídico, relacionados con las competencias autonómicas, la retroactividad de determinadas disposiciones y la proporcionalidad de las exigencias.
Aunque el Consejo de Estado finalmente dio luz verde al texto el 6 de noviembre, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá la norma.
En paralelo, el Gobierno ha aprobado la modificación de la planificación de la red de transporte eléctrico, con inversiones superiores a 17.142 millones de euros para adaptar las infraestructuras a las necesidades industriales, tecnológicas y de transición energética.
La planificación también ha suscitado discrepancias con Madrid y Aragón, dos comunidades que reclaman mayor capacidad eléctrica para sus proyectos industriales y centros de datos. Ambas medidas entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista antes del próximo lunes.