SpainDC cuestiona el impacto económico y jurídico
Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de CEOE, el presidente de SpainDC, Emilio Díaz, y su directora ejecutiva, Begoña Villacís, han advertido de que la acumulación de requisitos, plazos y penalizaciones contemplados en el proyecto podría terminar convirtiéndose en una prohibición de facto para determinados proyectos de centros de datos.
La asociación también plantea dudas sobre el encaje jurídico de algunas de las obligaciones, especialmente por la cobertura legal necesaria para imponer determinadas exigencias y por el reparto de competencias entre el Gobierno y organismos reguladores. SpainDC considera que algunas medidas podrían superar lo que puede establecerse mediante este tipo de norma.
Según la organización, el problema no reside únicamente en cada obligación de manera individual, sino en el efecto acumulativo del nuevo régimen. A su juicio, unas condiciones demasiado exigentes podrían reducir la competitividad de España frente a otros países europeos a la hora de atraer nuevas infraestructuras digitales.
Uno de los principales argumentos de SpainDC se encuentra en el impacto potencial sobre las inversiones, el informe anual del sector cifra en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta acumulada hasta 2030, pero la asociación calcula que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría estar en riesgo con el nuevo planteamiento regulatorio.
La asociación recuerda que los operadores y grandes compañías comparan factores como la disponibilidad y el precio de la energía, la capacidad de la red, los permisos, los costes, los plazos y la estabilidad regulatoria antes de decidir dónde ubicar sus proyectos. Por ello, considera que un incremento de la incertidumbre jurídica podría provocar que determinadas inversiones terminen trasladándose a otros mercados europeos.
Los nuevos requisitos afectarían también a proyectos en marcha
SpainDC critica especialmente que el proyecto no se limite a las nuevas inversiones, sino que también pueda afectar a proyectos que llevan años desarrollándose bajo el marco regulatorio actual. Determinadas instalaciones que ya disponen de permisos de acceso y conexión tendrían seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones. Esto afectaría a compañías que ya han comprometido inversiones en terrenos, licencias, obras, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes y que, según SpainDC, podrían verse obligadas a replantear sus proyectos.
La asociación también cuestiona el régimen económico previsto en el texto. El proyecto contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, una medida que SpainDC considera especialmente problemática. Villacís ha puesto en duda que estas cantidades puedan considerarse simplemente recargos y no sanciones, especialmente cuando su importe puede aumentar con la reiteración y llegar acompañado de consecuencias como la pérdida de determinados permisos.
Otro de los principales puntos de las alegaciones está relacionado con los requisitos de adicionalidad renovable y correlación temporal. El proyecto plantea que los centros de datos cubran el 80% de su consumo mediante nueva generación renovable y, además, que generen una cantidad de energía equivalente a la que consumen.
A esto se sumaría la obligación de que la energía consumida en una determinada hora haya sido producida durante esa misma hora. SpainDC considera que esta combinación de requisitos puede hacer que determinados proyectos sean técnica y económicamente inviables.
La asociación cuestiona además la necesidad de exigir nueva generación renovable cuando existen horas en las que ya se produce un excedente de energía renovable que no puede ser absorbido por el sistema. En su opinión, antes de obligar a construir nueva capacidad habría que mejorar el aprovechamiento de la generación existente.
Dudas sobre las competencias regulatorias
Finalmente, SpainDC también ha planteado objeciones al hecho de que el Ministerio asuma determinadas competencias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética, materias que la asociación considera atribuidas legalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Pese a su rechazo al texto actual, SpainDC asegura que mantiene su disposición a dialogar con el Ejecutivo y los ministerios implicados, participar en mesas técnicas y trabajar en una regulación que permita avanzar en sostenibilidad y soberanía digital sin comprometer la capacidad de España para atraer inversiones en centros de datos.
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