Este ajuste se llevaría a cabo mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en una medida destinada a reducir los costes de estructura y mejorar la eficiencia del grupo, según avanza El Confidencial. Este nuevo recorte, que se sumaría a los realizados en años anteriores, se está llevando a cabo dentro de una "revisión estratégica" que Marc Murtra prometió presentar en la segunda mitad de 2025.
El ajuste proyectado sería similar al que se ejecutó en 2024, cuando más de 3.400 empleados de Telefónica España, Móviles y Soluciones dejaron la compañía, bajo el mandato de su predecesor, José María Álvarez-Pallete. La diferencia clave radica en que, en esta ocasión, el proceso está siendo consensuado con el Gobierno, principal accionista de la empresa desde 2024, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquirió un 10% de Telefónica, lo que añade una nueva dimensión política y económica al proceso.
De confirmarse, este sería el sexto ajuste de personal que Telefónica implementa en los últimos años, siguiendo una estrategia de reducción de plantilla que ya ha sido aplicada en diversas ocasiones. En 2021, la teleco llevó a cabo un plan de bajas voluntarias bajo la fórmula de los llamados Planes de Separación Individual (PSI), a los que se acogieron 2.418 trabajadores. Este plan tuvo un coste de alrededor de 1.400 millones de euros. Anteriormente, en 2019, se aplicó otro ajuste similar que afectó a unos 2.600 empleados con un coste de 1.700 millones de euros.
El ajuste más grande en la historia reciente de Telefónica tuvo lugar entre 2011 y 2012, bajo la presidencia de César Alierta, con la salida de 6.800 empleados y un coste cercano a los 2.700 millones de euros. Sin embargo, los ERE tienen la ventaja de un tratamiento fiscal más favorable para las indemnizaciones, lo que ha llevado a los sindicatos a presionar por su uso frente a los PSI, que ofrecen un vínculo menos directo con la empresa, pero mejores condiciones sociales para los empleados.
Desde el sindicato UGT, se ha expresado preocupación ante los rumores de un nuevo ajuste de personal. Aunque la organización no ha recibido ninguna confirmación oficial de parte de la empresa, consideran que la entrada del Gobierno como accionista debe representar una oportunidad para fortalecer el empleo a largo plazo y mejorar la posición estratégica de la plantilla, en lugar de ser utilizada como una medida para reducir costes mediante despidos.
En su comunicado, UGT ha destacado que la sostenibilidad empresarial no debe basarse únicamente en recortes de personal y ha instado a la dirección de Telefónica a presentar una visión clara del futuro de la compañía. "Telefónica debe definir su plan futuro, ya que hasta ahora la nueva dirección solo ha acometido políticas de desinversión", aseguran desde el sindicato.
Además de los posibles recortes de personal, Marc Murtra también estaría considerando una reducción de las remuneraciones del consejo de administración, una medida que responde a las críticas de los grandes accionistas de la empresa, quienes señalaron que los emolumentos de la alta dirección eran excesivos. Este tema fue uno de los puntos más debatidos en la última junta de accionistas, en la que solo un 72,3% de los votos se pronunció a favor del informe anual de retribuciones.