La medida, que podría incluir restricciones de visado, marcaría un precedente en las relaciones transatlánticas y profundizaría la confrontación entre Washington y Bruselas sobre la regulación de las grandes plataformas digitales.
La DSA, en vigor desde 2024, establece obligaciones para que las plataformas tecnológicas actúen contra contenidos ilegales, como discursos de odio y material de abuso infantil. Para la Comisión Europea, la norma busca garantizar un entorno digital más seguro y preservar la libertad de expresión. “La libertad de expresión es un derecho fundamental en la UE y está en el núcleo de la DSA”, ha recordado un portavoz comunitario, calificando de “infundadas” las acusaciones de censura.
Sin embargo, Washington interpreta la ley como una restricción “indebida” que afecta a empresas estadounidenses y limita la libertad de expresión de ciudadanos norteamericanos. En una directiva de principios de agosto, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a los diplomáticos en Europa a intensificar las gestiones con gobiernos y autoridades digitales para trasladar la preocupación por el impacto económico y normativo sobre compañías de EE.UU.
El posible castigo a responsables europeos se enmarca en una estrategia más amplia que incluye campañas de lobby contra la DSA. Según las fuentes que reporta Reuters, altos cargos del Departamento de Estado celebraron reuniones internas la semana pasada para evaluar la viabilidad de las sanciones, aunque no se ha tomado una decisión definitiva. Un portavoz del organismo se limitó a afirmar que “se está siguiendo con preocupación el aumento de la censura en Europa”.
La administración Trump ha endurecido el discurso contra la normativa europea, acusando a la UE de “silenciar voces conservadoras” y citando costes adicionales para plataformas como Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Estas compañías han denunciado que la DSA equivale a “censura” de sus contenidos.
La amenaza de sanciones se suma a otras acciones que evidencian el cambio en la política exterior de Washington, ahora menos centrada en la defensa tradicional de derechos humanos y más orientada a cuestiones vinculadas al discurso político. La Casa Blanca ya ha sancionado a autoridades de Brasil por supuestas restricciones a la libertad de expresión y ha criticado lo que califica como persecución de líderes de derecha en países europeos.
El vicepresidente JD Vance ha llegado a acusar públicamente a la UE de retroceder en estándares democráticos y censurar a partidos como el alemán AfD, durante una conferencia en febrero que suele simbolizar la unidad transatlántica.
Desde la UE se insiste en que la normativa no discrimina a empresas estadounidenses y busca mantener mercados digitales abiertos y competitivos. Tanto la comisaria de Competencia como el responsable de la agenda digital han reiterado ante legisladores de EE.UU. que la ley no está diseñada para perjudicar a compañías extranjeras, sino para reforzar la confianza en los servicios online.
El pulso por la DSA ha llegado incluso a las negociaciones por los aranceles, y es que la Casa Blanca parecía no estar dispuesta a aprobar el acuerdo con la Bruselas si no se retiraban puntos críticos de la norma, algo a lo que se han opuesto de manera frontal todos los organismos europeos y que finalmente se ha dejado de lado en el pacto que se firmó la pasada semana.