La administración Trump ha ordenado a sus diplomáticos en Europa lanzar una ofensiva contra la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, a la que acusa de suponer una amenaza para la libertad de expresión y de imponer cargas desproporcionadas a las empresas tecnológicas estadounidenses.
Así lo revela un comunicado interno del Departamento de Estado fechado el 4 de agosto y firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, al que ha tenido acceso Reuters. El documento instruye expresamente a las embajadas estadounidenses en Europa a entablar contactos regulares con autoridades nacionales y organismos reguladores digitales para transmitir las preocupaciones de Washington respecto a esta normativa, que entró en vigor en 2024.
Desde entonces, la DSA ha sido considerada por Bruselas como una legislación clave para hacer de internet un entorno más seguro, obligando a las grandes plataformas tecnológicas a tomar medidas concretas contra contenidos ilegales como los discursos de odio o el material de abuso sexual infantil.
Presión diplomática y estrategia legislativa
“Los diplomáticos deben centrar sus esfuerzos en lograr apoyo gubernamental y de otras partes interesadas para derogar o modificar la DSA"
El comunicado interno califica la DSA como una medida que impone “restricciones indebidas” a la libertad de expresión, especialmente por su enfoque en la lucha contra la desinformación y los discursos de odio. “Los diplomáticos deben centrar sus esfuerzos en lograr apoyo gubernamental y de otras partes interesadas para derogar o modificar la DSA o leyes similares que restrinjan la expresión en línea”, recoge el texto, en referencia a las misiones diplomáticas estadounidenses.
El documento incluye recomendaciones específicas sobre posibles reformas a la legislación europea, desde redefinir el concepto de “contenido ilegal” hasta eliminar el Código de Conducta sobre Desinformación, un marco legal que el Departamento de Estado califica de imponer “controles excesivamente amplios”.
Una política exterior centrada en el discurso digital
La iniciativa se enmarca dentro de la política de la administración Trump de promover lo que denomina “la tradición estadounidense de libertad de expresión”. Este enfoque ha generado fricciones con los aliados europeos, en un contexto donde la regulación de plataformas digitales es una prioridad en ambos lados del Atlántico, aunque con enfoques divergentes.
En febrero, el vicepresidente JD Vance avivó la controversia al acusar a los gobiernos europeos de censurar a grupos políticos como el partido alemán AfD, durante una conferencia internacional centrada tradicionalmente en la cooperación transatlántica. Posteriormente, Vance se reunió con líderes de dicho partido, clasificado por los servicios de inteligencia alemanes como un grupo extremista.
La administración estadounidense también ha advertido de posibles sanciones. En mayo, Rubio sugirió imponer vetos de visado a funcionarios extranjeros que, según sus palabras, participen en la censura de contenidos emitidos por ciudadanos estadounidenses en redes sociales.
Las principales compañías tecnológicas estadounidenses han expresado su preocupación por la DSA. Meta, matriz de Facebook e Instagram, ha afirmado que esta ley podría equivaler a una forma de censura. La administración Trump ha señalado los costes que implica su cumplimiento, incluidos los mecanismos de notificación de contenidos y las sanciones económicas por incumplimiento.
El documento del Departamento de Estado también insta a los diplomáticos a recopilar casos de supuesta censura que afecten a ciudadanos o empresas estadounidenses, desde suspensiones en línea hasta procesos judiciales. “Se debe dar prioridad a incidentes que afecten directamente a intereses estadounidenses”, detalla el comunicado.
“Nuestra legislación no está sobre la mesa en las negociaciones comerciales con Estados Unidos”
La Comisión Europea, por su parte, ha reiterado que la DSA y su normativa hermana, la Ley de Mercados Digitales (DMA), no están sujetas a negociación con Washington. “Nuestra legislación no está sobre la mesa en las negociaciones comerciales con Estados Unidos”, defendía en marzo el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.
Esta ofensiva diplomática refuerza la postura de confrontación tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Europea, en un momento en el que la regulación de las plataformas digitales se ha convertido en un terreno clave para la definición del modelo digital global.
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