La sentencia rompe el esquema de gobierno implantado hace menos de un año y devuelve el poder a los socios fundadores, en un momento en el que la compañía pierde peso en el mercado y arrastra una fuerte caída de clientes. El fallo introduce además un nuevo foco de inestabilidad en el segmento low cost de las telecomunicaciones, donde la presión competitiva y la dependencia de redes mayoristas marcan el ritmo del negocio.
La resolución judicial ha dejado sin efecto el plan aprobado en primera instancia por el Juzgado Mercantil número 1 de Alicante que permitió la entrada de Vodafone España en la gestión de Finetwork y el nombramiento de su consejero delegado, José Miguel García Fernández, como administrador único.
En su conclusión, la Audiencia Provincial aprecia “relevantes carencias y defectos” en la operación, con problemas en la capitalización de la deuda. Como resultado de esto, anula la reestructuración y obliga a revertir las decisiones adoptadas desde entonces.
Tras ello, el consejo de administración de Wewi Mobile, matriz del operador, ha asumido “de forma inmediata y efectiva el control de la sociedad” y el nuevo órgano ha destituido al administrador único con efectos directos y ha restituido una estructura de gobierno similar a la anterior.
Según explican desde Wewi, la matriz anterior propietaria de Finetwork, el objetivo pasa por “garantizar su viabilidad, restablecer el adecuado orden societario y salvaguardar el interés social”. Con ello se ha constituido un consejo formado por Pedro Andreu, Carlos Gutiérrez, José Manuel López Gandía, Ginés Martínez, Pascual Pérez y Fernando López, vinculado a KAI Capital.
La compañía avanza que, si se confirman los indicios detectados, ejercerá “sin dilación” las acciones legales correspondientes
El cambio en la cúpula abre además un segundo frente. Los socios han aprobado el inicio de una investigación interna sobre la gestión desarrollada durante los últimos meses. El análisis será “exhaustivo e independiente”, explican, y se centrará en revisar las decisiones adoptadas bajo la administración anterior. La compañía avanza que, si se confirman los indicios detectados, ejercerá “sin dilación” las acciones legales correspondientes. Entre los aspectos que se revisarán figuran posibles incumplimientos del deber de diligencia, conflictos de interés o actuaciones contrarias al interés social.
Además, el nuevo consejo ha solicitado a Vodafone toda la documentación necesaria para evaluar la situación real de la empresa. La prioridad pasa por conocer el estado financiero y operativo antes de definir una hoja de ruta.
Por su parte, Vodafone España mantiene una posición distinta. La compañía asegura que no tiene constancia formal de algunas decisiones y anuncia que recurrirá la sentencia en todas las instancias posibles, incluido el Tribunal Constitucional, lo que anticipa un conflicto que se prolongará durante años.
Desde el inicio del conflicto en 2025, Finetwork ha pasado de 1,3 millones de clientes a situarse por encima de los 800.000
El impacto de la crisis ya se refleja en los datos comerciales. Desde el inicio del conflicto en 2025, Finetwork ha perdido cerca de medio millón de líneas de móvil y banda ancha. La operadora ha pasado de 1,3 millones de clientes a situarse por encima de los 800.000. La pérdida de base de usuarios responde a la incertidumbre que rodea al proyecto y al desgaste de la marca en un mercado con una competencia intensa. Digi y Symio refuerzan su posición en este contexto y captan parte de ese tráfico.
El efecto también alcanza a Vodafone España. En el primer trimestre, el operador ha registrado una pérdida neta de 94.000 líneas por portabilidad, un 8,1% más que el año anterior. Fuentes del sector atribuyen aproximadamente la mitad de esas bajas a Finetwork.
Ante ello, Vodafone había intentado reactivar la marca con un nuevo catálogo de tarifas lanzado en marzo, apoyándose en su red, sobre la que opera Finetwork. Sin embargo, el contexto judicial ha limitado su impacto comercial.