Telefónica ha puesto ya negro sobre blanco la estructura económica y organizativa del ERE que aplicará en sus principales filiales en España y que golpeará a 6.088 empleados.
La teleco que lidera Marc Murtra ha detallado una propuesta basada en prejubilaciones por tramos de edad, una fórmula semejante a la del expediente firmado en 2024, aunque con diferencias relevantes que han motivado los primeros reproches sindicales.
La clave del plan descansa en la salida progresiva de los trabajadores de mayor edad. Telefónica plantea un esquema segmentado por año de nacimiento:
Esta estructura salarial se acompaña, igual que en 2024, de otros elementos habituales: convenio especial con la Seguridad Social hasta la jubilación, póliza sanitaria, seguro colectivo y aportaciones al plan de pensiones. Telefónica defiende que el modelo proporciona estabilidad económica y un marco “sólido y predecible” para quienes se acojan al plan.
Telefónica ha decidido no incluir la prima de voluntariedad que sí formó parte del expediente firmado el año pasado. Esta ausencia marca una diferencia notable respecto al proceso anterior y constituye uno de los elementos más criticados por la representación social.
Además, Telefónica mantiene la posibilidad de limitar la aceptación de solicitudes en áreas consideradas críticas o no excedentarias, lo que abre la puerta a escenarios con menor margen de salida voluntaria.
El nuevo ERE se aplica a siete sociedades del grupo, aunque la mayoría del ajuste se concentrará en las tres compañías incluidas en el convenio de empresas vinculadas: Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. En este bloque, la operadora identifica un excedente superior al 40% de la plantilla y prevé 5.040 salidas, lo que representa cerca del 82% del total.
Las otras cuatro sociedades incluidas en el perímetro del expediente acumulan algo más de un millar de trabajadores afectados, con un reparto más heterogéneo.
Aunque Telefónica insiste en que la estructura se asemeja “en gran medida” a la última reordenación, el contexto es diferente. El ERE de 2024 afectó a 3.420 empleados, mientras que el nuevo expediente supera los 6.000, duplicando su alcance. Aquella operación tuvo un coste para la compañía de 1.300 millones de euros, unos 380.000 euros por trabajador, cifras que sitúan este nuevo proceso en el centro del debate sobre el impacto financiero y laboral del grupo.
El expediente coincide, además, con la negociación del nuevo convenio colectivo, en el que los sindicatos reclaman la revisión de la doble escala salarial y un sistema de actualización vinculado al IPC. Ambos procesos avanzan en paralelo y condicionan la estrategia de negociación.
Los sindicatos han recibido la propuesta con posiciones alineadas en un punto: las condiciones son insuficientes. UGT advierte de que la oferta “no garantiza un ERE exclusivamente voluntario” y critica la desaparición de la prima de adhesión. La organización considera que el plan “no refleja el esfuerzo que la plantilla ha hecho durante años” y reclama mejoras que igualen o superen las de 2024.
CCOO defiende un expediente “universal, voluntario y sin despidos forzosos”, e insiste en que la empresa debe asegurar que ningún trabajador quede fuera del mecanismo por criterios de área o funcionalidad.
Sumados-Fetico, por su parte, sostiene que eliminar la prima de voluntariedad “castiga a quienes más han aportado a Telefónica” y reclama reforzar los porcentajes salariales de los tramos inferiores.