La medida, confirmada tras la entrega de la documentación correspondiente a la representación legal de los trabajadores, se enmarca en un expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía atribuye principalmente a causas económicas y organizativas.
Según fuentes sindicales, el principal argumento de Adamo para justificar el ERE es el elevado esfuerzo inversor realizado en el despliegue de su red de fibra óptica. Esta expansión, centrada en zonas rurales y de baja densidad, ha conllevado una significativa carga financiera cuya amortización ha generado tensiones de liquidez. Como resultado, los márgenes operativos de la compañía se han visto reducidos, traduciéndose en resultados negativos que comprometen su sostenibilidad a medio plazo.
El análisis técnico entregado a los sindicatos detalla el contexto financiero y competitivo en el que se encuentra la empresa, controlada desde 2021 por el fondo francés Ardian tras una operación valorada en más de 1.000 millones de euros. La adquisición supuso una fuerte apuesta por el mercado de telecomunicaciones rurales en España, pero también incrementó la exposición a riesgos derivados de la elevada deuda y la presión por rentabilizar rápidamente las infraestructuras desplegadas.
Además de las razones económicas, Adamo señala la necesidad de una reestructuración organizativa y productiva. Según la documentación entregada, la empresa pretende reorganizar sus procesos internos y modelo de negocio para adaptarse a los cambios en el mercado, impulsar la adopción de nuevas tecnologías y restablecer una senda de crecimiento sostenible. El impacto del ERE se concentrará especialmente en la sede central en Barcelona, aunque también impactará a equipos ubicados en Madrid, Sevilla y Cantabria.
Este proceso coincide con recientes cambios en la dirección de la compañía. El relevo de Carlos Ávila como CEO y la incorporación de Miguel Ángel Rodríguez Sola al frente de la teleco anticipaban, según fuentes internas, un posible giro en la estrategia. El nuevo responsable deberá liderar una etapa marcada por la contención de costes y la redefinición de las prioridades operativas.
UGT ha mostrado su rechazo a la medida, calificando el ERE de innecesario y comprometiéndose a demostrar su "nula utilidad". La organización sindical ha declarado que, en caso de que la empresa no reconsidere su postura, exigirá una reducción significativa del número de despidos, garantías de recolocación, compensaciones proporcionales y un proceso transparente con participación activa de los trabajadores.
Mientras tanto, la dirección de Adamo ha manifestado su voluntad de mantener el diálogo dentro del marco legal establecido, aunque no ha realizado declaraciones públicas sobre el contenido del expediente.