La decisión afecta a Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+, según la notificación remitida a los sindicatos.
La comunicación activa el plazo de una semana para constituir las comisiones negociadoras, el paso previo a un proceso que determinará la magnitud del ajuste y las condiciones aplicables a los trabajadores afectados. Aunque la compañía no ha facilitado por ahora cifras de salida, las presentará el 24 para las empresas bajo el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) y el 25 de noviembre para el resto de filiales afectadas.
El movimiento se enmarca en el plan estratégico Transform & Grow, que prevé recortes de costes de hasta 3.000 millones de euros en 2030 y ajustes organizativos para adaptar la estructura laboral al nuevo escenario del negocio.
La particularidad de esta reestructuración es su amplitud: Telefónica aplicará un expediente de despido colectivo independiente en cada una de las siete sociedades, en coherencia con su estructura jurídica.
En Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, las compañías sometidas al CEV, la negociación comenzará el día 24. En el resto de entidades, incluidas la matriz Telefónica S.A. y Movistar+, el preaviso se formalizará el día 25.
El marco negociador estará condicionado por la naturaleza diversa de cada empresa, los perfiles profesionales afectados y el peso que cada sociedad tiene en el organigrama del grupo. En conjunto, Telefónica emplea a unas 25.000 personas en España, lo que convierte a esta nueva ronda de reestructuración en una de las más relevantes de los últimos años.
Aunque la compañía no ha detallado las cifras, fuentes sindicales anticipan que se tratará de un ajuste significativo. El último ERE, ejecutado en 2024, afectó a 3.420 personas con adscripción preferentemente voluntaria, y se espera que en esta ocasión la cifra sea prácticamente del doble con hasta 7.000 despidos. Telefónica ha señalado en distintas ocasiones que cualquier medida de personal deberá alinearse con los objetivos de eficiencia y simplificación de su plan estratégico.
La reacción del colectivo de los empleados del grupo no se ha hecho esperar y UGT, sindicato mayoritario en Telefónica, ha respondido con contundencia tras recibir la comunicación del inicio de los ERE. La organización ha trasladado a la dirección su rechazo a que la reducción de plantilla vuelva a utilizarse como herramienta de ajuste organizativo y ha exigido garantías previas para la plantilla.
El sindicato reclama la apertura inmediata de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos y exige que su vigencia se extienda hasta 2030 para dotar de estabilidad a los trabajadores. También descarta acuerdos parciales por empresa y pide condiciones homogéneas para todo el personal afectado.
UGT insiste en que la voluntariedad debe ser el eje de cualquier proceso, recordando el precedente de 2024, cuando el modelo preferentemente voluntario recibió más solicitudes de adhesión que plazas disponibles.
“La posición del Gobierno es clara: lo que ocurra tiene que ser siempre con el acuerdo de los sindicatos”
Asimismo, desde el Gobierno central, que controla un 10% de Telefónica a través de la SEPI, han marcado una posición nítida respecto al proceso. El ministro Óscar López, responsable de la cartera de Transformación Digital y Función Pública, ha advertido que “la posición del Gobierno es clara: lo que ocurra tiene que ser siempre con el acuerdo de los sindicatos”.