En abril de 2018, Cabify solicitó 1.000 autorizaciones de VTC en la Comunidad de Madrid, un día antes de que entrase en vigor un decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy que limitaba la proporción de vehículos VTC a uno por cada 30 taxis. La solicitud fue denegada por la Comunidad de Madrid, siguiendo el nuevo criterio legal. No obstante, el Tribunal Supremo ha estimado dos recursos presentados por Cabify, ordenando la reapertura del proceso de solicitud para estas 2.000 licencias.
Estas sentencias del Tribunal Supremo abren la puerta a que Cabify pueda sumar 2.000 licencias VTC adicionales en Madrid, lo que representa un significativo aumento en comparación con las actuales 8.893 autorizaciones de VTC en la comunidad. Esta decisión podría tener un impacto considerable en el número de licencias que deberán revisarse, especialmente teniendo en cuenta que, según la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), se solicitaron hasta 25.000 licencias de VTC en Madrid en el mismo periodo.
A pesar de estas sentencias, el panorama legal actual, tras la aprobación de una ley en junio del año pasado, otorga a las comunidades autónomas y ayuntamientos herramientas para limitar las autorizaciones de licencias VTC basándose en motivos medioambientales y de gestión del tráfico. Aunque la justicia europea invalidó la ratio 1/30, dejó la puerta abierta a restringir nuevas licencias por estos motivos.
En este contexto, aunque la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado más laxa en su legislación hacia los VTC, aprovechando el Decreto Ábalos, en comparación con regiones como Cataluña, puede verse igualmente presionada a restringir su actividad por demandas del sector del taxi.
Aunque el futuro legal y regulativo de las licencias VTC en Madrid aún es incierto, estas sentencias marcan un punto de inflexión en el debate sobre la regulación del transporte urbano en la capital española y podrían influir en el equilibrio entre los servicios de taxi y VTC en toda España.
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