Esta sentencia supone un antes y un después en la guerra abierta entre el sector del taxi y el mundo VTC. Se trata de la primera desde el cambio de ley que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
En 2009 se aprobaba la denominada ley ómnibus, que rompía con la norma que decía que se podía conceder 1 licencia VTC por cada 30 taxistas. En 2013, el Gobierno de Rajoy ante las fuertes protestas del sector del taxi aprobaba una modificación de ley que buscaba frenar la sangría.
Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo ha dictaminado dos sentencias en las que se da luz verde a las autorizaciones. Con esta sentencia, se han otorgado 80 licencias de manera definitiva, pues ya estaban operando a través de una ejecución provisional.
El taxi tiembla
FEDETAXI considera que esta brecha entre taxis y VTC puede “poner en riesgo” la prestación de los servicios del taxi e “incluso hacerlos desaparecer”.
Estas dos sentencias marcan un precedente que hace temblar al sector de los taxis. La decisión del Alto Tribunal implica un base para la solicitud de licencias, así como un precedente para las solicitudes que están en los juzgados. Las últimas cifras aportadas por el Ministerio de Fomento cifran en 6.207 las licencias activas (que no pendientes de sentencia), una cifra muy superior a las 5.670 que había en el mes de octubre.
La Federación Española del Taxi (FEDETAXI) no ha tardado en reaccionar a la noticia y ha solicitado una reunión urgente con Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. En la carta remitida por la federación, se pide buscar una “reordenación eficaz” de Uber y Cabify, sin causar un mayor perjuicio a los más de 65.000 taxistas que operan en el país.
FEDETAXI considera que esta brecha entre taxis y VTC puede “poner en riesgo” la prestación de los servicios del taxi e “incluso –alertan- hacerlos desaparecer”.
Cabify celebra la decisión
"La decisión favorece a los ciudadanos y a su derecho a elegir entre diferentes alternativas de movilidad"
Cabify ha emitido un comunicado celebrando la decisión del Tribunal Supremo. En esta línea, señalan que “la decisión favorece a los ciudadanos y a su derecho a elegir entre diferentes alternativas de movilidad. Por desgracia, España tiene una de las normativas más restrictivas de Europa –valoran-, estas dos sentencias suponen un pequeño avance para seguir ampliando nuestra oferta de servicios y responder a las múltiples demandas de nuestros usuarios, siempre situados en el centro de nuestras prioridades”.
En relación a la guerra con el taxi, apuestan por trabajar con las administraciones y “definir una fórmula de convivencia que beneficie a todas las partes”.
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