Una nueva coalición europea exige modernizar las normas del transporte bajo demanda

Una nueva coalición europea exige modernizar las normas del transporte bajo demanda

Las principales plataformas y asociaciones de movilidad bajo demanda en Europa han unido fuerzas para formar una nueva coalición llamada Shared Mobility Europe. Su objetivo: presionar por una reforma profunda del marco regulatorio que rige el transporte de vehículos con conductor (VTCs) y taxis en los Estados miembros de la Unión Europea.

Entre los miembros fundadores se encuentran compañías y organizaciones como Bolt, Cachet, leCab, Vay, ANITRAV, ANM-TVDE, TLP y MOVEA, entre otras. Esta coalición nace en un momento clave ya que se estima que para 2030, unos 190 millones de ciudadanos —cerca del 40% de la población de la UE— utilizarán servicios de movilidad bajo demanda para cubrir sus necesidades de transporte.

Actualmente, más de 1,5 millones de trayectos diarios se realizan en Europa a través de estas plataformas, generando ingresos para millones de conductores. Sin embargo, Shared Mobility Europe denuncia que este sector estratégico se enfrenta a normativas fragmentadas, anticuadas y, en muchos casos, incoherentes, que impiden su desarrollo y funcionamiento eficiente.

Normas restrictivas en toda Europa

La organización advierte que muchas regulaciones vigentes están impidiendo que los conductores trabajen con normalidad. En ciudades como Roma, Atenas, Barcelona o Dublín, hasta el 50% de las solicitudes de viaje quedan sin atender debido a barreras normativas. Estas limitaciones, según la coalición, no solo afectan a los trabajadores y empresas, sino también a los propios usuarios, al turismo y a la competitividad europea.

Cada país tiene su propia lista de restricciones. En Italia, por ejemplo, los pasajeros podrían verse obligados a esperar 20 minutos tras realizar una reserva, incluso si el coche ya se encuentra frente a su domicilio. En Grecia, los conductores deben firmar un contrato físico mínimo de tres horas solo para un trayecto al aeropuerto. Alemania impone la obligación de regresar a la base tras cada servicio, encareciendo y ralentizando el transporte. En Múnich, los precios mínimos propuestos duplicarían el coste de los trayectos actuales.

En España, ciertas comunidades autónomas, como Cataluña y Andalucía, imponen requisitos de tamaño mínimo para los vehículos, lo que obliga a modificar artificialmente los coches con elementos como paragolpes extra para cumplir la norma. En Malta, los conductores deben contar con un garaje privado, lo que incrementa sus costes. Las cuotas de licencias en lugares como Mykonos o Santorini son tan bajas que apenas hay conductores disponibles en temporadas de alta demanda.

Llamamiento a Bruselas

Andrea Romano, portavoz de Shared Mobility Europe y expresidente del Parlamento italiano, califica esta situación como insostenible: “Esto no es regulación. Es una camisa de fuerza. Estas normas no solo están obsoletas. Están perjudicando activamente tanto a conductores como a pasajeros, y también socavando la competitividad de la UE”.

En este sentido, Shared Mobility Europe considera que el sistema actual está desalineado con los objetivos de digitalización y descarbonización de la UE. “La movilidad está cambiando. Las normas deben adaptarse”, concluye Romano. Según datos del Parlamento Europeo, unificar el mercado de transporte podría aportar 1.400 euros anuales por ciudadano y crear hasta 600.000 empleos nuevos en movilidad compartida para 2030.

Frente a este panorama, la coalición insta a las autoridades europeas a tomar medidas urgentes y coordinar una reforma que permita modernizar el sector. A juicio de sus miembros, Europa no puede aspirar a liderar la innovación si continúa regulando el transporte como en el siglo pasado.