Según explica el Ayuntamiento de Madrid, “los operadores de telefonía móvil tendrán que pagar 33,7 millones de euros correspondientes a la Tasa de Utilización Privativa o Aprovechamientos Especiales del Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública, durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Los operadores recurrieron este tributo y el cobro del mismo quedó suspendido y avalado durante los tres últimos años”.
“Ahora -continúan-, la sentencia 1150/2016, de 20 de mayo, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2014, y declara conforme a derecho el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil”.
“Son algo más de 11 millones anuales -explican- que, por tres años de impago de la tasa, arrojan una deuda de 33,7 millones de euros a los que hay que sumar los intereses de demora, pendientes de calcular aún por la Agencia Tributaria de Madrid. Y a partir de este año el Consistorio empezará a recaudar dicha tasa a los operadores de telefonía móvil”.
Vodafone cambia de estrategia
Por tanto, si bien los usuarios no observarán cambios en sus servicios, si verán que sus facturan seguirán emitidas por la compañía con la que contrataron originariamente; hecho que revierte las declaraciones realizadas, el pasado 17 de mayo, por el Consejero Delegado, Antonio Coimbra quien aseguró en rueda de prensa que “había finalizado la fusión societaria y ya no se iba a hablar más de Vodafone y ONO”. Y es que la resolución del Tribunal Supremo ha sorprendido a las telco, toda vez que, en instancias inferiores, los juzgados habían resuelto a su favor y en contra del Ayuntamiento madrileño.
El equipo de Carmena apoya a los Populares
En el comunicado oficial, el equipo de juez Carmena apoya la actuación del Grupo Popular y asegura que “el Tribunal Supremo afirma en su sentencia que el Ayuntamiento de Madrid ha acudido a un método transparente, objetivo, proporcionado y no discriminatorio de cuantificación”.
De hecho, considera que “la relevancia del dictamen trasciende los intereses propios de esta Corporación, por cuanto clarifica la doctrina del Tribunal Supremo en la materia, desarrollando criterios interpretativos en relación a los principios fijados en el art. 13 de la Directiva 2002/20/CE, de 7 de marzo, Directiva autorización, circunstancia que redundará en beneficio de las Haciendas Locales en general”.