La nueva regulación, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, tendrá vigencia de dos años, prorrogables a dos más, en un decreto pactado con el PSC que fuerza a los VTC a dar servicios puntuales y/o exclusivos para que los taxis sean el servicio público. De este modo se calman las exigencias de los taxistas que amenazaban con bloquear la ciudad si se permitía una competencia mayor de un sector al que consideran “desleal”, pero se enfrenta sin embargo al sector del VTC que carga contra la normativa y amaga con recursos judiciales.
Los coches tendrán que ser mínimo de 4,90 metros de largo
La principal novedad de este decreto ley es la obligación de que todos los vehículos que operen como VTC tendrán que medir un mínimo de 4,90 metros, una longitud que está lejos de los turismos medios y que solo cumplen los de gama alta o las furgonetas de pasajeros. Asimismo, en caso de tratarse de coches nuevos sólo estarán permitidos aquellos que cuenten con distintivos ambientales 0 o ECO.
Esta exigencia, impuesta por el PSC, impacta directamente en la flota de Cabify ya que sus principales modelos son el Skoda Octavia, Hyundai i40 o Ioniq, Toyota Prius o Avensis o el Volkswagen Passet, pero ninguno de ellos alcanza los 4,90 metros de longitud. Por su parte, sí que cumplen la exigencia los modelos de gama superior que también operan como VTC, como el Mercedes Clase E o el Tesla Model S, pero no entra en la lista el Tesla Model 3.
La patronal VTC advierte de “consecuencias judiciales”
La aprobación de esta normativa ha provocado la reacción de la patronal Unauto-VTC, asegurando que “pone la soga al cuello al sector en Cataluña y elimina el 70% de las licencias cuando Barcelona necesita desesperadamente más opciones de movilidad”.
La norma destruirá 3.000 puestos de trabajo
En este sentido, aseguran que la norma destruirá 3.000 puestos de trabajo, aunque no explica las cuentas de esta pérdida, y asegura que la aprobación de este decreto “tendrá consecuencias judiciales y económicas por las reclamaciones e indemnizaciones de las empresas de VTC”. Asimismo, Unauto señala que los partidos han actuado de manera electoralista a un año de las elecciones municipales y acusa a “líderes del taxi” de presionar a los políticos.
Cabify acusa a la Generalitat de “defender el monopolio en el transporte”
En la misma línea, Cabify se ha mostrado “consternada” mostrándose contraria al decreto, acusando a la Generalitat de “defender el monopolio en el transporte”, advirtiendo que “miles de profesionales perderán su trabajo” y que la exigencia de longitud mínima es “contraria a las recomendaciones de la Comisión Europea”, que apuesta por vehículos más pequeños y ligeros para impulsar la sostenibilidad”. Por último, la plataforma asegura que el 70% de su flota son vehículos ECO o Cero pero “solo un 1% cumple con la longitud mínima de 4,9 metros”.
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