Actualmente, Yoigo está notificando a través de un SMS a los usuarios afectados la modificación unilateral del precio del establecimiento de llamada: “Yoigo info: hola, desde el 15 de septiembre el precio del establecimiento de llamada será de 20 cent. Con IVA incluido. Si no estás de acuerdo puedes pedir baja”. Y es que el establecimiento de llamada, que actualmente cuesta 18,15 céntimos pasa a 20 cent. por llamada.
Los clientes con permanencia tienen derecho a mantener su tarifa
FACUA recuerda que los clientes con contratos de permanencia tienen derecho a que la compañía mantenga las tarifas durante su vigencia. En este sentido, los afectados pueden denunciar a Yoigo ante las autoridades de protección al consumidor para exigir el mantenimiento de las tarifas contratadas o darse de baja y exigir que sea la compañía la que les abone las penalizaciones establecidas en los contratos de permanencia por su incumplimiento.
La asociación insta a los consumidores a denunciar este incremento de precio pues es la compañía la que no respeta las condiciones acordadas en los contratos
En el caso de clientes que están abonando un móvil a plazos y tienen permanencia, en caso de darse de baja tienen que continuar pagando los plazos del terminal, pero no la penalización, pues es la compañía la que está rompiendo el contrato original.
FACUA prepara una batería de denuncias contra la subida
Ante la ilegalidad cometida por Yoigo con esta subida de tarifas, el departamento jurídico de FACUA está preparando una batería de denuncias que presentará en los próximos días. Las mismas serán remitidas a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde Yoigo tiene su sede social.
La asociación recuerda que la política de modificación continua de tarifas y otras condiciones contractuales, sin respetar ningún compromiso temporal ni garantizar una duración mínima de los contratos, es una práctica abusiva.
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