"Los recientes acontecimientos han confirmado la urgente necesidad de imponer normas que protejan mejor a los europeos"
La nueva regulación, que se espera que entre en vigor a partir de 2024, llega apenas unos meses después de que colapasase la criptobolsa FTX, un hecho al que se ha referido la ministra de Hacienda de Suecia, país que actualmente ocupa la presidencia europea: "los recientes acontecimientos han confirmado la urgente necesidad de imponer normas que protejan mejor a los europeos que han invertido en estos activos e impidan el uso indebido del sector de las criptomonedas con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo".
En este sentido, la nueva normativa exigirá que las empresas que quieran emitir, comercializar y salvaguardar criptoactivos, activos tokenizados y stablecoins tengan que obtener una licencia.
Así, los ministros han tomado medidas para combatir la evasión fiscal y el uso de las transferencias de criptoactivos para el blanqueo de capitales con más facilidad para llevar seguimiento de las operaciones. También se ha acordado la obligación de que, a partir de enero de 2026, los proveedores de estos servicios tengan que registrar el nombre de los remitentes y beneficiarios de criptoactivos, independientemente del importe transferido.
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Del mismo modo, se ha acordado un cambio en las normas de cooperación fiscal entre los países miembros para incluir las transacciones de criptoactivos, así como el intercambio de información sobre resoluciones fiscales anticipadas para los más ricos, esto permitirá a las Hacienda locales tener toda la información para que estos activos tributen como ocurre con cualquier otro.
"Vamos a reforzar las normas de cooperación administrativa y a colmar las lagunas que se utilizaban para evitar la imposición de la renta"
"Vamos a reforzar las normas de cooperación administrativa y a colmar las lagunas que se utilizaban para evitar la imposición de la renta. Así se reduce el riesgo de que los criptoactivos sirvan de refugio para la elusión y el fraude fiscales", incide la ministra sueca.
Asimismo, la norma DAC8 obligará a intercambiar datos automáticamente sobre los acuerdos transfronterizos que algunos países otorgan a personas con un patrimonio de al menos 1,5 millones de euros en inversiones o activos bajo gestión, sin incluir la vivienda principal.
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