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Por Alfonso de Castañeda
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viernes 28 de septiembre de 2018, 18:12h

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley con el que los ayuntamientos podrán suprimir las licencias de VTC, pero añade una moratoria de cuatro años.

El sector del taxi consigue una victoria en la guerra con los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Con esta victoria, el Gobierno cede y permite que los ayuntamientos de cada comunidad autónoma regulen las licencias de estos vehículos, tanto el número de permisos como en la normativa que deberán seguir.

La decisión del Ejecutivo pone en peligro el futuro de compañías como Cabify o Uber, que operan con vehículos con permisos VTC y que con esta decisión quedan a expensas de lo que decidan los ayuntamientos, abriendo la puerta a la supresión de licencias de VTC, así como la regulación de las prestaciones de servicios de estas compañías.

El Ministerio se cubre las espaldas

En este sentido, el Gobierno ha decidido incluir una moratoria que bloquea la limitación de licencias VTC por parte de los ayuntamientos durante cuatro años. Con esto, buscan evitar una batalla legal contra el Ministerio de Fomento, ya que se concibe como una indemnización en tiempo para que los propietarios de las VTC puedan amortizar las inversiones.

Los propietarios de licencias VTC no podrán exigir responsabilidad patrimonial a la administración

Pasados los cuatro años, las más de 11.200 licencias VTC que operan en el país perderán su capacidad de dar servicio de ámbito urbano hasta que no obtengan un segundo permiso local. Además, los propietarios no podrán exigir responsabilidad patrimonial a la administración, salvo algunos casos en los que se podrá reclamar una indemnización complementaria si pueden demostrar que los cuatro años no son suficientes.

Por otro lado, una vez el Real Decreto Ley tenga luz verde en el Congreso de los Diputados, los VTC tendrán que someterse a la normativa de cada ayuntamiento, que podrá decidir si aplica reglas similares a los taxis, tales como los horarios de servicio o las restricciones a la circulación.

En cuanto a las licencias que están pendientes de conceder por el Tribunal Supremo, también contarán con este periodo de cuatro años para poder amortizar su inversión tras la sentencia firme.

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