En diciembre de 2018 entró en vigor el nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que actualiza la normativa que regula el sector de las telecomunicaciones en Europa para adaptarlo a la actualidad y para "estimular la competencia, fomentar la inversión y reforzar el mercado interior y los derechos de los consumidores”.
En este sentido, Bruselas había dado un plazo de dos años para incorporar la norma a las leyes nacionales, periodo que se cumplió en diciembre de 2020. Tras ello, la Comisión Europea notificó a España y al resto de países de la apertura de infracción en febrero de 2021 y emitió un segundo aviso en septiembre del pasado año, sin embargo, “hasta la fecha, los citados Estados miembros no han cumplido sus obligaciones de notificar a la Comisión sus disposiciones nacionales de transposición, por lo que la CE ha remitido estos casos al Tribunal de Justicia", explican desde Bruselas.
Regulación, licitación de espectro, ayudas y otras cuestiones pendientes del Gobierno para el sector de las telecos en 2022
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Los numerosos retrasos en la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones exponen a España (y a Croacia, Letonia, Lituania, Irlanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia) a una sanción económica por no cumplir con los planes establecidos por la Unión Europea.
El Anteproyecto de la Ley se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre de 2021 y desde entonces se ha iniciado el proceso en el Congreso de los Diputados para su aprobación como Ley con el objetivo de que esté lista en la primera mitad de este año, sin embargo, la actual situación ha provocado que otras normas se adelanten a su debate y votación, pero el Gobierno acordó la semana pasada solicitar la tramitación parlamentaria de esta regulación por el “procedimiento de urgencia”, lo que supone “ganar tiempo, acortas los días y el trámite se hace más rápido”, explican a Zonamovilidad.es fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
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