La Comisión Europea ha acusado preliminarmente al fondo estadounidense KKR de proporcionar información incorrecta o engañosa durante la investigación que permitió aprobar, en mayo de 2024, la adquisición de NetCo, el negocio de redes fijas de Telecom Italia (TIM).
Bruselas considera que las explicaciones del inversor sobre las condiciones de acceso mayorista a la infraestructura pudieron ser determinantes para autorizar la operación sin imponer condiciones. El conflicto se centra precisamente en los contratos que permiten a otros operadores de telecomunicaciones utilizar la red de FiberCop para prestar servicios de banda ancha en Italia.
Según las denuncias recibidas por la Comisión, tras la adquisición se produjeron incrementos unilaterales de los precios establecidos en acuerdos de larga duración, pese a que KKR había asegurado que sus condiciones permanecerían vigentes salvo acuerdo entre las partes.
La investigación podría desembocar en una multa de hasta el 1% de la facturación mundial anual de KKR (unos 256 millones si nos fijamos en los resultados de 2025) e incluso en la revocación de la autorización de compra, aunque Bruselas todavía no ha adoptado una decisión definitiva.
Los contratos mayoristas, clave para aprobar la compra de NetCo
La operación fue notificada a la Comisión Europea el 19 de abril de 2024 y contemplaba que KKR adquiriese el control exclusivo de NetCo, que agrupaba la red primaria y troncal de telecomunicaciones fijas de TIM y su participación en FiberCop.
Antes de la adquisición, FiberCop era una empresa conjunta de TIM y KKR que gestionaba la red secundaria, es decir, la infraestructura que conecta la red de distribución con los domicilios y establecimientos de los usuarios. La operación reunió ambas infraestructuras bajo FiberCop y otorgó su control exclusivo al fondo estadounidense.
Durante el análisis de competencia, Bruselas examinó especialmente las consecuencias para el mercado italiano de acceso mayorista de banda ancha, del que dependen otros operadores para comercializar conexiones a Internet mediante infraestructura de terceros.
Varios competidores habían advertido del riesgo de que FiberCop restringiese el acceso a servicios pasivos, es decir, a la propia infraestructura de red. Estas preocupaciones llevaron a la Comisión a expresar serias dudas sobre la operación y para responder a ellas, KKR aseguró que los contratos mayoristas existentes seguirían vigentes y que FiberCop no podría modificar unilateralmente sus condiciones ni cancelar el acceso previsto en ellos.
Estas explicaciones fueron fundamentales para que Bruselas autorizase la adquisición el 30 de mayo de 2024 sin imponer compromisos adicionales. Sin embargo, varios operadores denunciaron posteriormente que FiberCop había incrementado unilateralmente los precios que pagaban por utilizar su red fija, lo que motivó la apertura de una investigación formal el 24 de julio de 2025.
KKR se enfrenta a una posible multa y a la revisión de la autorización
Tras analizar la información recabada, la Comisión Europea ha enviado a KKR un pliego de cargos en el que sostiene, de manera preliminar, que el fondo proporcionó datos incorrectos o engañosos, al menos por negligencia, sobre las condiciones contractuales del acceso mayorista.
El organismo considera especialmente relevante que KKR hubiese presentado esos acuerdos como contratos cuyas condiciones únicamente podían modificarse mediante consentimiento mutuo. “Nuestra evidencia sugiere que, después de la concentración, KKR pudo haber aumentado los precios para los clientes mayoristas de banda ancha existentes, en algunos casos de forma significativa”, ha declarado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.
El procedimiento se desarrolla al amparo del Reglamento de Concentraciones de la Unión Europea, que obliga a las empresas a responder con información veraz y completa a las solicitudes de la Comisión.
Bruselas podría imponer una sanción de hasta el 1% del volumen de negocios mundial anual de KKR
En caso de confirmar la infracción, Bruselas podría imponer una sanción de hasta el 1% del volumen de negocios mundial anual de KKR. Además, la normativa permite revocar una autorización de concentración cuando se haya fundamentado en información incorrecta atribuible a alguna de las partes.
No obstante, el envío del pliego de cargos no implica una resolución definitiva. KKR podrá acceder al expediente, presentar alegaciones por escrito y solicitar una audiencia oral para defender su posición ante la Comisión y las autoridades nacionales de competencia. El procedimiento tampoco está sujeto a un plazo legal de resolución, por lo que su duración dependerá de la complejidad de la investigación y del ejercicio de los derechos de defensa.
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