Por qué la Comunidad de Madrid prohibirá el uso de móviles en los colegios

Durante los últimos años, la tecnología ha estado cada vez más presente no solo en el desarrollo y en la vida social de los menores, sino que también está ligada de varias maneras a su enseñanza. Ya son la gran mayoría los centros que involucran algún tipo de tecnología en la enseñanza, ya sea mediante el uso de ordenadores, tabletas o proyectores de pizarra táctiles.

De la misma forma, la mayoría de los alumnos posee aparatos electrónicos propios, y no es extraño ver a una buena parte de ellos utilizar sus teléfonos móviles en clase. Hasta ahora, la legislación permitía a los colegios decidir de manera individual si los alumnos tenían el permiso de usar sus móviles, pero esto cambiará a partir del curso que arranca en septiembre de 2020, pues la Comunidad de Madrid exigirá que los celulares no puedan ser utilizados salvo excepción de necesidad bajo una condición de discapacidad o bajo un uso estrictamente educativo.

La lucha contra el ciberbullying entre los motivos de la prohibición

Esta restricción afectará a alrededor de 800.000 estudiantes, los cuales forman parte de los 1.700 colegios públicos y concertados a los que atañe la medida. Según un portavoz de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, esta reforma tiene como fin la mejora del rendimiento de los estudiantes que, según su comprensión, se distraen con los dispositivos electrónicos, lo que perjudica los resultados de los alumnos que tienen problemas con los estudios.

Madrid es la tercera comunidad en prohibirlos, después de Galicia y Castilla-La Mancha

Otro de los enfoques que traerá este cambio será el de la lucha contra el ciberacoso y el bullying, que según las fuentes oficiales se intensifica debido a la presencia de los móviles y las redes sociales. La medida no afectará a las universidades o a las guarderías, sino que deberá ser aplicada en los niveles de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

Madrid se convertirá en la tercera comunidad autónoma en realizar este cambio, tras Galicia y Castilla-La Mancha. Las tres prohibiciones se realizaron bajo gobiernos del Partido Popular. Mientras que la propuesta en Madrid viene por parte de la ejecutiva de Díaz Ayuso, en Galicia y Castilla-La Mancha fueron aprobadas entre 2014 y 2015, bajo el mandato de Alberto Núñez Feijoo y María Dolores de Cospedal, respectivamente.