La Audiencia Nacional ha dictado una de las sentencias más relevantes contra la piratería audiovisual en España al condenar a una de las mayores redes ilegales de IPTV que operaban a escala internacional.
El fallo establece sanciones superiores a los 43 millones de euros, una cifra sin precedentes en delitos vinculados a la propiedad intelectual, y refleja la creciente dimensión industrial de este tipo de actividades en el entorno digital.
La organización, dirigida por el conocido como ‘Dash, el iraní’, articuló un sistema tecnológico capaz de distribuir de forma ilícita retransmisiones deportivas, películas y series, incluidos contenidos de LaLiga, a más de dos millones de usuarios. Para ello, se apoyó en una infraestructura distribuida con servidores ubicados en 13 países repartidos en tres continentes, lo que le permitió operar con gran capacidad de escalado y dificultar su rastreo.
En este sentido, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha señalado que “el fraude audiovisual es una lacra que amenaza la supervivencia de una industria fundamental para la economía europea”, y ha destacado que la resolución demuestra la necesidad de actuar con firmeza frente a las estructuras organizadas que operan detrás de estos servicios.
Una red global basada en tecnología IPTV
El caso pone de manifiesto el grado de sofisticación alcanzado por las redes de piratería en la actualidad. A través de dominios como rapidiptv.com, rapidiptv.net o iptvstack.com, la organización ofrecía acceso a miles de canales mediante tecnología IPTV, replicando el modelo de las plataformas legales pero con costes significativamente inferiores.
Este enfoque permitió captar una base masiva de usuarios y generar ingresos que, según la investigación, alcanzaron hasta 17 millones de euros
Este enfoque permitió captar una base masiva de usuarios y generar ingresos que, según la investigación, alcanzaron hasta 17 millones de euros. La clave de este crecimiento reside en la combinación de distribución digital, infraestructura internacional y una experiencia de usuario cada vez más cercana a la de los servicios legítimos. Asimismo, el despliegue en múltiples jurisdicciones facilitó la continuidad operativa del servicio, incluso ante intentos de bloqueo o cierre, lo que evidencia la necesidad de respuestas coordinadas a nivel internacional para combatir este fenómeno.
La sentencia no se limita a los delitos contra la propiedad intelectual, sino que incorpora cargos por blanqueo de capitales, lo que incrementa de forma significativa la cuantía de las sanciones. En concreto, se fija una indemnización de 12 millones de euros para las empresas afectadas, mientras que más de 30 millones corresponden a multas vinculadas a la ocultación y reinversión de los beneficios obtenidos.
Para canalizar estos ingresos, la red utilizó un entramado financiero basado en pasarelas de pago, exchanges de criptomonedas, empresas pantalla y facturación ficticia. Este sistema permitió transformar los beneficios digitales en activos físicos, entre los que destacan la construcción de un edificio residencial en Irán, la compra de un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones de euros y la adquisición de vehículos de alta gama por un total de 400.000 euros.
El fallo incluye además el decomiso de todos los bienes intervenidos y la clausura definitiva de los dominios utilizados, lo que supone el desmantelamiento integral de la estructura operativa.
Investigación coordinada
El caso se inició a partir de una denuncia de Nagravision, a la que posteriormente se sumó LaLiga con pruebas de compra que resultaron determinantes para verificar el funcionamiento de la red. A lo largo del proceso se incorporaron como acusaciones particulares compañías como Movistar Plus+, Mediapro o Egeda, lo que refleja la implicación del sector en la lucha contra la piratería.
La investigación ha estado desarrollada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y el Grupo de Propiedad Intelectual de la UDEV, con el apoyo de Europol y Eurojust para la coordinación internacional. Esta colaboración ha permitido abordar un caso de alta complejidad técnica y jurídica, marcado por la dispersión geográfica de los recursos y la sofisticación de los métodos empleados.
El procedimiento ha concluido con la conformidad de los acusados ante la acusación conjunta del Ministerio Fiscal y las partes implicadas, lo que ha facilitado una resolución firme y contundente.
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