El proceso, que afecta de lleno al ecosistema de las telecomunicaciones, busca preparar el terreno para una transición ordenada hacia tecnologías más eficientes como 4G y 5G, garantizando al mismo tiempo la protección de los usuarios y la continuidad de servicios críticos.
La consulta pretende recabar información y propuestas de los operadores, administraciones públicas, empresas y otros agentes implicados en un cambio tecnológico que se considera inevitable. Las redes 2G y 3G, desplegadas hace más de dos décadas, se encuentran al final de su ciclo de vida y su mantenimiento supone costes elevados, un mayor consumo energético y limitaciones en términos de capacidad y seguridad frente a las generaciones actuales.
Un proceso clave para la modernización de las redes
Desde el punto de vista técnico, el apagado de 2G y 3G permitirá liberar espectro radioeléctrico, principalmente en las bandas de 900 y 2100 MHz. Estas frecuencias podrán reutilizarse para reforzar las redes 4G y 5G, mejorando la cobertura, la capacidad y la eficiencia energética de las infraestructuras móviles. En un contexto de creciente demanda de datos, servicios digitales y aplicaciones conectadas, esta reasignación de recursos resulta estratégica para el desarrollo de la economía digital y la competitividad del país.
El Ministerio plantea que la información recogida servirá para definir calendarios de apagado diferenciados por operador y tecnología, así como planes de migración para servicios y dispositivos que todavía dependen de 2G y 3G. Asimismo, se contemplan indicadores de seguimiento que permitan monitorizar el proceso y asegurar que no se produzcan interrupciones en servicios esenciales, como el acceso al número de emergencias 112.
Protección del usuario y colectivos vulnerables
Uno de los ejes centrales de la consulta pública es la protección del usuario. El Gobierno quiere evitar que el apagado de estas redes genere exclusión digital o problemas de acceso a servicios básicos. Por este motivo, el documento pregunta de forma específica por las estrategias de comunicación que deberán desplegar los operadores: plazos de preaviso, canales de información, mensajes tipo, campañas de sensibilización y refuerzo de la atención al cliente.
La consulta también pone el foco en dispositivos y servicios críticos que todavía utilizan tecnologías antiguas, como sistemas eCall en vehículos, alarmas, ascensores, dispositivos de geolocalización o soluciones de teleasistencia. De igual modo, se presta especial atención a colectivos vulnerables, entre ellos personas mayores, personas con discapacidad, usuarios con barreras idiomáticas y habitantes de zonas rurales, donde la sustitución de dispositivos puede resultar más compleja.
Grupo de trabajo y calendario
Para garantizar una transición ordenada, el Ministerio prevé la creación de un grupo de trabajo de seguimiento en el que participen operadores de telecomunicaciones, organismos sectoriales y administraciones públicas. Este órgano permitirá coordinar decisiones, compartir información y anticipar posibles incidencias durante el proceso de apagado. La experiencia de otros países europeos, que ya se encuentran inmersos en procesos similares, servirá como referencia para evitar errores y acelerar la adaptación del mercado.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2026 en la web del ministerio. A partir de las aportaciones recibidas, el Gobierno definirá las líneas maestras del proceso y los compromisos que deberán asumir los distintos actores implicados.
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