El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado el trámite de audiencia pública de la Orden Ministerial que regulará el funcionamiento del Punto de Información Único (PIU), una plataforma electrónica destinada a centralizar información clave para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de muy alta capacidad.
La iniciativa responde a las obligaciones fijadas por el Reglamento (UE) 2024/1309 y busca reducir los costes asociados al despliegue de infraestructuras, además de mejorar la coordinación entre administraciones y operadores.
El futuro Punto de Información Único reunirá información sobre infraestructuras físicas susceptibles de albergar redes de comunicaciones electrónicas, así como sobre obras civiles financiadas con recursos públicos. Entre los elementos que deberán incorporarse figuran tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección o distribuidores, además de datos relativos a proyectos de obra, como las fechas de inicio, la duración prevista o la presentación de los correspondientes expedientes.
Una vez aprobada la Orden Ministerial, los sujetos obligados dispondrán de un plazo máximo de tres meses para incorporar esta información al portal. Los operadores de telecomunicaciones podrán consultar estos datos únicamente cuando desarrollen un despliegue concreto en una zona y momento determinados, con el objetivo de facilitar la planificación de nuevas infraestructuras y optimizar el uso de las ya existentes.
Asimismo, la plataforma permitirá centralizar información relacionada con permisos y derechos de paso. En este sentido, ofrecerá acceso directo a las sedes electrónicas de las administraciones competentes y facilitará el seguimiento de la tramitación administrativa, uno de los aspectos que habitualmente condiciona los plazos de despliegue de las redes.
Un proyecto impulsado por la normativa europea
La creación del PIU deriva del Reglamento (UE) 2024/1309, que establece medidas destinadas a reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit y obliga a los Estados miembros a habilitar este tipo de puntos de información. De este modo, el Ejecutivo considera que la plataforma contribuirá a incrementar la transparencia sobre las infraestructuras disponibles, reducir los costes asociados a nuevos despliegues, facilitar la planificación de los operadores y mejorar el aprovechamiento de los recursos existentes.
La norma también contempla determinadas excepciones y limitaciones de acceso cuando concurran motivos relacionados con la seguridad nacional, la protección de infraestructuras críticas o razones de salud y seguridad públicas.
Los sujetos obligados a suministrar información al Punto de Información Único incluyen operadores de redes de telecomunicaciones, empresas de gas, electricidad, calefacción y agua, operadores de transporte y las distintas administraciones públicas. Además, la propuesta prevé que los municipios con menos de 50.000 habitantes puedan delegar la gestión de esta obligación en las diputaciones provinciales o en las comunidades autónomas, con el fin de simplificar la implantación del sistema en las entidades locales con menor capacidad administrativa.
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