Qualcomm y Arm han iniciado un nuevo juicio en Estados Unidos por las condiciones de sus acuerdos de licencia de semiconductores.
El fabricante estadounidense acusa a Arm de incumplir sus obligaciones contractuales y de perjudicar sus negociaciones comerciales con Meta, por lo que reclama el derecho a dejar de pagar royalties durante un máximo de cinco años, una medida que podría suponer miles de millones de dólares para la compañía británica.
El procedimiento ha arrancado esta semana en un tribunal federal de Delaware (EEUU) y tendrá una duración prevista de cinco días. La disputa gira alrededor de dos acusaciones: la supuesta negativa de Arm a proporcionar herramientas necesarias para probar los procesadores de Qualcomm y la presunta filtración a la prensa de una carta en la que amenazaba con cancelar una licencia fundamental para el fabricante. En este sentido, Arm, propiedad del grupo japonés SoftBank, rechaza ambas acusaciones y niega que sus actuaciones hayan provocado pérdidas económicas a Qualcomm.
Uno de los principales argumentos de Qualcomm se refiere a las consecuencias comerciales de una comunicación enviada por Arm en 2024. En aquella carta, la compañía británica advertía de un supuesto incumplimiento del acuerdo de licencia de arquitectura y amenazaba con su cancelación.
Según explica Karen Dunn, abogada de Qualcomm, durante la apertura del juicio, la empresa estaba cerca de cerrar un contrato de suministro de chips con Meta cuando Arm remitió aquella notificación y presuntamente filtró su contenido a Bloomberg.
La posibilidad de que Qualcomm perdiera su licencia habría provocado incertidumbre en Meta y alterado las condiciones de la negociación. La compañía sostiene que, cuando finalmente consiguió cerrar el acuerdo, su valor se había reducido en 170 millones de dólares. “Los retrasos son costosos”, ha advertido Dunn ante el jurado.
Sin embargo, Arm atribuye la revisión económica del contrato a un cambio en la estrategia de Meta. Su abogado, Gregg LoCascio, señala que la tecnológica había desplazado sus prioridades desde los dispositivos de realidad virtual hacia las gafas con inteligencia artificial, lo que motivó una renegociación de las condiciones de suministro y LoCascio apunta que “no sufrieron el menor perjuicio”.
La jueza Maryellen Noreika deberá decidir si mantiene la cláusula contractual que permitiría a Qualcomm suspender los pagos durante cinco años. Su eliminación limitaría las posibilidades de compensación económica del fabricante estadounidense.
Arm reclama un aumento del 1.800% en los royalties de su nueva arquitectura
El enfrentamiento también alcanza las condiciones económicas de las futuras generaciones de procesadores. En un procedimiento paralelo, Noreika examina si Arm ha negociado de buena fe con Qualcomm el acceso a la siguiente versión de su arquitectura.
El contrato de licencia de patentes actual entre ambas compañías tiene vigencia hasta 2033, aunque existen importantes diferencias sobre las tarifas aplicables a las nuevas tecnologías. Durante esta parte del proceso ha declarado Cristiano Amon, consejero delegado de Qualcomm y junto a sus abogados han presentado un documento según el cual Arm pretende incrementar un 1.800% los royalties entre las versiones 9 y 10 de su arquitectura.
Arm ha cuestionado, por su parte, un acuerdo de 2013 que establece un máximo de 1,88 dólares por procesador con al menos cinco núcleos. Su defensa ha planteado si aquellas condiciones siguen siendo adecuadas para un mercado donde existen procesadores de centros de datos con 288 núcleos.
Según el argumento de Arm, mantener esa estructura permitiría pagar por cinco núcleos y utilizar los otros 283 sin royalties adicionales. Amon rechaza esa interpretación y apunta que “no lo veo así”.
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