China obliga a las compañías tecnológicas a entregar sus claves de encriptación

La nueva Ley antiterrorista de China ya se llevaba gestando una temporada. Los temores de los países occidentales se han hecho realidad y el país ha presentado una restrictiva Ley que censura a los medios de comunicación a la hora de informar sobre atentados terroristas y que permite al Ejército intervenir en operaciones antiterroristas fuera de las fronteras de su país. Y lo que nos ocupa y nos preocupa, obliga a las empresas de tecnología a entregar al Gobierno chino sus claves de encriptación.

"No afectará a la normalidad del sector"

Según Li Shouwei, subdirector de la división de leyes criminales del Comité de Asuntos Legislativos del Parlamento, esta ley no afectará a las operaciones habituales de las compañías de tecnología y asegura que no se debe temer a una potencial pérdida de derechos de propiedad intelectual.

Un nuevo medio para aumentar el férreo control gubernamental en China

Además, Shouwei insiste en que China no ha hecho nada fuera de lo normal y se ha limitado a hacer lo mismo que otras naciones occidentales, pedir a las empresas del sector ayuda para combatir el terrorismo. “Es básicamente la misma normativa que existe en otros países importantes” declara.

Preocupación en Occidente

El hecho de que empresas que operan en el país, como Cisco, IBM o Apple, tengan que hacer entrega a las autoridades de sus claves de encriptación o de información confidencial sobre sus usuarios, ha sido duramente criticado por el Gobierno estadounidense. Barack Obama declaró, sobre el borrador de Ley que estaba sobre la mesa hace unos meses, que esta supuesta Ley obligaría a las empresas extranjeras a entregar al Gobierno chino mecanismos que le servirían para poder espiar y realizar un seguimiento de todos los usuarios de estos servicios. “Las compañías tecnológicas no van a estar dispuestas a hacer esto” añadió Obama.

Organizaciones como Amnistía Internacional ven en esta nueva Ley un nuevo medio para aumentar el férreo control informativo y limitar la libertad de expresión. Además, Europa teme esta legislación no sólo por el hecho de que permite violaciones de los Derechos Humanos, sino por las condiciones que impone sobre la red.