El Brexit abrío un gran abismo entre Reino Unido y la Unión Europea, algo que ya se está comenzando a notar, ejemplo de ello es la sentencia emitida por el Tribunal Europeo sobre la Ley de Poderes de Investigación aprobada por el parlamento británico en noviembre pasado, que resulta ilegal y no es apta “dentro de una sociedad democrática”.
La Ley de Poderes de Investigación es una parafernalia legal que autoriza la vigilancia masiva de comunicaciones en Reino Unido por parte de los cuerpos de seguridad del Estado sin que esto configure un delito. Esta decisión ha despertado el nerviosismo de su propia población y el repudio de la Unión Europea, por configurarse en una clara violación a las libertades de sus ciudadanos.
En la reciente legislación aprobada se autoriza la recopilación de información de datos electrónicos de los usuarios de Internet en Reino Unido, algo que hasta ahora era una herramienta reservada para el combate al terrorismo, pero se ha ampliado la norma a todo ciudadano y eso ha sido objeto de cuestionamiento por el Tribunal Europeo según un reporte en The Verge.
La instancia europea señala que esta medida que autoriza la recopilación masiva de información en Internet genera una sensación en la población de estar bajo vigilancia permanente y genera angustia en los ciudadanos por el acceso violatorio que tendría el gobierno británico a los asuntos personales de cada usuario.
El Tribunal Europeo señaló en su sentencia: “Sólo el objetivo de combatir la delincuencia grave es capaz de justificar tal injerencia. El Reino Unido excede los límites de lo estrictamente necesario y no puede considerarse justificada esta norma dentro de una sociedad democrática”.
¿Tiene aún la Union Europea algún poder sobre Reino Unido?
Esta nueva Ley de Poderes de Investigación es la sustentación legal necesaria para que el gobierno británico autorice a cuerpos de seguridad al hackeo de móviles, ordenadores, redes, servicios en la nube y cualquier medio conectado incluso los de uso masivo. Esta norma les confiere el derecho también de acceder y conservar bases de información personal sobre ciudadanos y residentes en Reino Unido, como también le autoriza a la obligación de empresas a liberar información sobre sus clientes y comunicaciones.
Jim Killock, director del Open Rights Group, señaló que la sentencia emitida por el Tribunal Europeo es un “mensaje claro” al gobierno británico de que la vigilancia a sus ciudadanos es “inaceptable en una democracia”.
Ciertamente, al estar Reino Unido con un pie fuera de la Unión Europea, se desconoce si este fallo es de carácter ejecutivo o si se trata más de una sanción moral, sin embargo la primer ministro Theresa May apelará esta decisión totalmente ignorable por su administración.
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