Tras seis meses desde que entrara en vigor la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, el sector del software de facturación en nuestro país no dispone de una solución que les permita cumplir con los puntos establecidos.
La ley, que fue aprobada en octubre del año pasado, exige un cambio en los sistemas informáticos para soportar los procesos de facturación garantizando de esta manera integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad y trazabilidad en los registros para luchar contra el fraude. Al caer la responsabilidad tanto en proveedores de software como en usuarios, se aboga por el consenso para alcanzar las especificaciones requeridas.
“Hemos trasladado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la necesidad de incorporar estas modificaciones en las ayudas del Kit Digital, al ser procesos nuevos de alcance nacional que afectan a la digitalización de la facturación de todo el colectivo empresarial. Los fondos europeos tienen que servir para mitigar las inversiones necesarias para acometer este cambio en el software”, afirma Tomás Castro, presidente de CONETIC.
Conetic está trabajando por lograr una solución que afecte de la menor manera posible a fabricantes, distribuidores y usuarios, y consideran que el sistema más viable y beneficioso de factura verificable sería el sistema VERIFACTU, que garantiza la inalterabilidad de los registros, impulsa la digitalización de las pymes, facilita la información a tiempo real a Hacienda, sincroniza y clarifica la factura con el comprador y simplifica la implementación de nuevos modelos tecnológicos a las empresas.
CONETIC: “No sabemos si los fondos van a llegar a tener un objetivo claro y eficiente”
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Encontrar una solución es vital para el sector del software, que si la hallan podrían terminarse viendo beneficiado por la nueva normativa. “Las nuevas imposiciones representarán una enorme oportunidad para la transformación digital, siempre que se apliquen desde un diseño homogéneo normalizado”, apunta Fran Manzano, CEO del Grupo Igarle. “La ley de prevención contra el fraude fiscal no sólo supondrá una mejora en la transparencia fiscal, sino que se convierte en una oportunidad para la estandarización e interoperabilidad de los productos de facturación”, comenta por su parte Constantino Lázaro, director de operaciones de Proconsi.
Sin embargo, si finalmente no se consiguiera, las empresas tendrían que asumir diferentes escenarios de facturación para responder a las exigencias de Hacienda, lo que significaría un paso atrás para el sector en cuanto a interoperabilidad de sistemas y estandarización.
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