Esta decisión se ha tomado después de una reunión entre la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, y la presidenta de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), Verena Ross. La Regulación MiCA, aprobada a mediados de año, establece un período de adopción de tres años, dividido en una fase de implementación de 18 meses y una fase de transición de otros 18 meses. Los Estados miembros tienen hasta diciembre de 2024 para notificar si desean acortar la duración de la segunda fase, como ha hecho España.
Durante la primera fase de implementación de 18 meses, la ESMA y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) deben aprobar las normas técnicas para el desarrollo de MiCA. En el año siguiente, durante la fase de transición, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comenzará a otorgar autorizaciones a las empresas que deseen ofrecer servicios de criptoactivos.
Esta reducción del período de transición permitirá a la CNMV iniciar su supervisión antes, lo que brindará seguridad jurídica y mayor protección a los inversores españoles en este tipo de activos, según señalan desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
MiCA no se aplicará a ciertos criptoactivos, como los cubiertos por la legislación actual que se consideren instrumentos financieros o depósitos, criptoactivos únicos y no fungibles (NFT) y criptoactivos generados de manera descentralizada, como Bitcoin, aunque su negociación en una plataforma estará regulada por MiCA.
Los emisores de criptoactivos deberán ser personas jurídicas, presentar un 'white paper' y cumplir con normas prudenciales, de gobierno corporativo y de protección al inversor. La regulación también incluye criterios para mitigar el riesgo de liquidez y evitar que los criptoactivos se conviertan en un medio de pago ampliamente aceptado. Esta anticipación en la implementación de la regulación busca promover la seguridad y la transparencia en el mercado de criptoactivos en España.
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