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Pavel Durov en su Instagram
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Rusia acusa a Pavel Durov, fundador de Telegram, de complicidad en terrorismo y ordena su búsqueda internacional

Por Antonio Rodríguez
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infozonamovilidades/4/4/18
miércoles 29 de julio de 2026, 12:00h

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Rusia ha intensificado su ofensiva contra Telegram al emitir una orden de búsqueda internacional contra su fundador y consejero delegado, Pavel Durov.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) acusa al empresario, nacido en Rusia y con nacionalidad francesa y emiratí, de un presunto delito de complicidad en terrorismo por no haber eliminado canales, chats y bots que, según las autoridades rusas, habrían sido utilizados por los servicios de inteligencia de Ucrania para reclutar ciudadanos rusos con fines de sabotaje.

La decisión se enmarca en una investigación penal abierta por el FSB sobre el supuesto entrenamiento y captación de jóvenes rusos para participar en actividades terroristas y de sabotaje. Durov, que actualmente se encuentra en Francia, no ha realizado declaraciones sobre las nuevas acusaciones, al igual que Telegram.

Según el comunicado del organismo de seguridad ruso, Telegram mantuvo operativos "numerosos canales, chats y bots" utilizados por agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y grupos extremistas para coordinar actos de sabotaje, terrorismo, asesinatos masivos y fraude cibernético dentro de Rusia.

La principal acusación se centra en Leo Match, también conocido como Daivinchik, un popular bot de citas que el FSB asegura que era utilizado por agentes ucranianos para contactar con jóvenes rusos. De acuerdo con la versión oficial, los servicios de inteligencia se hacían pasar por chicas jóvenes para establecer contacto con los usuarios y, posteriormente, chantajearlos con el objetivo de involucrarlos en acciones contra infraestructuras energéticas, redes de transporte y miembros de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades rusas sostienen que, desde julio de 2025, han detenido a 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años relacionados con esta supuesta red de captación.

Una nueva presión sobre Telegram

La investigación llega en un contexto de creciente presión del Kremlin sobre Telegram, y es que, desde hace meses, Rusia mantiene una estrategia para reforzar el control sobre los servicios digitales que operan en el país, al tiempo que impulsa MAX, una aplicación de mensajería respaldada por el Estado y concebida como alternativa nacional a las plataformas extranjeras.

Esta política forma parte del endurecimiento de las restricciones digitales aplicado desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. En ese periodo, plataformas como Facebook, Instagram y X fueron bloqueadas, YouTube ha sufrido limitaciones de funcionamiento y aplicaciones de mensajería como Signal y Viber también han sido restringidas. WhatsApp y Telegram continúan disponibles, aunque bajo un mayor escrutinio regulatorio.

A comienzos de este año, el propio Durov aseguró que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal contra él y acusó al Gobierno de utilizar argumentos fabricados para restringir el acceso a Telegram como parte de un intento de limitar "el derecho a la privacidad y la libertad de expresión".

Durov, también en la mira de Francia

Las nuevas acusaciones en Rusia se suman a los procedimientos judiciales abiertos en Francia contra Durov, que fue detenido en agosto de 2024 cerca de París y posteriormente imputado por presuntos delitos relacionados con el crimen organizado.

La justicia francesa investiga si Telegram adoptó medidas suficientes para combatir actividades delictivas desarrolladas a través de la plataforma y si colaboró adecuadamente con las solicitudes de las fuerzas de seguridad. Como consecuencia de ese procedimiento, el empresario tuvo prohibido abandonar territorio francés sin autorización judicial durante parte de la investigación.

Fundador de la red social VKontakte antes de lanzar Telegram, Pavel Durov abandonó Rusia en 2014 tras vender su participación en la plataforma. Desde entonces ha mantenido una posición crítica respecto a las exigencias de distintos gobiernos sobre el acceso a los datos de los usuarios.

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