regulación

Primero fue una carta firmada por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tras ello fueron las reuniones y posteriormente las declaraciones hasta que en el marco del MWC Barcelona 2023 la responsable de la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital defendía que “todos los agentes tienen que contribuir de una manera justa a su financiación. Somos partidarios de que, cuanto antes, se ponga una propuesta legislativa".

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha destacado durante su discurso en el MWC Barcelona 2023 que “nos encontramos en un momento decisivo para nuestra conectividad y nuestra transformación digital en general”.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha defendido durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados la necesidad de adoptar en toda Europa y en España una nueva regulación.

La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una gran consulta pública con la que buscan estudiar la situación actual del mercado de los telecomunicaciones así como la financiación de las redes para establecer si los gigantes tecnológicos deben o no contribuir a estas inversiones.

Tras su publicación en el BOE en el día de ayer, hoy entra en vigor la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, más conocida como Ley de Startups, aprobada en su última instancia en el Congreso con mayoría absoluta.

Mientras los legisladores europeos avanzan en la histórica Ley de Datos de la UE, un nuevo estudio encargado por ETNO y redactado por LE Europe aporta una nueva perspectiva sobre el impacto del proyecto de reglamento en los operadores de telecomunicaciones europeos y sus modelos de negocio.

La Ley de Startups ya se ha aprobado en el Congreso, una de las grandes promesas de la política económica de Nadia Calviño. Ahora, el Senado se encargará de su tramitación y aprobación, así como de posibles enmiendas hasta su aprobación final en el. Desde el Ministerio de Gobierno, confían en que esté en vigor antes de que termine el año, lo que impulsará la creación de empresas emergentes al reducir el tipo del Impuesto de Sociedades del actual 25% al 15% durante un máximo de cuatro años.

La aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que se aprobó el pasado mes de junio todavía tiene mucho recorrido legislativo por delante, con la aprobación de más de 90 reales decretos pendientes.

Sin dar todavía muchos detalles al respecto, los de Cupertino han confirmado que cumplirán la ley en Europa y adoptarán el cargador USB tipo C en el continente europeo para sus iPhone.

Hecha la ley, hecha la trampa. Los conductores de Bolt en Cataluña han respondido a la nueva legislación sobre el mercado de los VTC incorporando “medidas extraordinarias” para poder cumplirla, colocando extensiones homologadas en sus coches para cumplir con la norma.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha confirmado que en 2023 la Comisión Europea lanzará una consulta sobre si los gigantes tecnológicos deben asumir una parte de los costes de la red de telecomunicaciones europea.

Con el objetivo claro de poder llegar a un punto común con los operadores y con los gigantes tecnológicos sobre la financiación de las infraestructuras de telecomunicaciones, Bruselas ha solicitado a las empresas de telecomunicaciones que aporten pruebas de por qué los servicios de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube…) deben pagar por el transporte de su tráfico a través de las redes.

Las implicaciones legales de pagar o no pagar las demandas de ransomware se ciernen como un espectro sobre las empresas a medida que los ataques se vuelven más frecuentes y sofisticados. El ransomware sigue siendo la principal amenaza para las pymes y las empresas de los sectores de la salud, el comercio minorista, la fabricación y otros sectores vitales, según el Informe sobre Ciberamenazas 2022 de Acronis.

Las dos principales asociaciones del sector de los VTC, Unauto-VTC y Feneval, han remitido una carta a la Comisión Europea en la que soliciten que se abra un expediente a España por considerar que tanto el Gobierno central como los autonómicos están incumpliendo el principio de libertad de establecimiento de su actividad.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el nuevo anteproyecto de Ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, con el que busca reforzar la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad intelectual.