El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada por Airbnb para suspender el pago de la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
De este modo, la plataforma deberá abonar la multa mientras se resuelve el fondo del recurso, en un procedimiento que refuerza el control sobre las plataformas digitales en el ámbito del alojamiento turístico. La decisión judicial se produce tras meses de enfrentamiento entre la compañía y el departamento que dirige Pablo Bustinduy, en torno a la publicación de anuncios que incumplían la normativa vigente en distintas comunidades autónomas.
Anuncios sin licencia y publicidad engañosa
El origen de la sanción se remonta a junio de 2024, cuando el Ministerio detectó un total de 65.122 anuncios en Airbnb que no se ajustaban a la legislación. En concreto, las irregularidades incluían la ausencia de número de licencia, la utilización de códigos que no correspondían con los registros oficiales o la falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica del anfitrión.
Según Consumo, estas prácticas constituyen “prácticas comerciales desleales” y publicidad engañosa, al no garantizar a los usuarios información fiable sobre los alojamientos ofertados. Asimismo, el Ministerio ha subrayado que la normativa autonómica exige que los anuncios incluyan el número de registro, lo que permite verificar la legalidad de la vivienda turística.
A partir de este análisis, el organismo impuso una sanción de 63,98 millones de euros, calculada como seis veces el beneficio obtenido por la plataforma durante el periodo en que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento oficial.
A esta cuantía se suman otras infracciones menores, entre ellas el incumplimiento de obligaciones en contratos a distancia, sancionado con 10.000 euros; la negativa a facilitar información requerida por la Administración, también con 10.000 euros; y el incumplimiento de medidas provisionales dictadas durante la instrucción del expediente, con una multa adicional de 55.000 euros.
Rechazo a las medidas cautelares
Airbnb recurrió la sanción ante la justicia, lo que inicialmente suspendió la obligación de pago. Sin embargo, el TSJM ha denegado ahora la adopción de medidas cautelares, lo que implica que la empresa deberá hacer frente a la multa sin esperar a la sentencia definitiva.
El tribunal mantiene, por tanto, la eficacia inmediata de la sanción administrativa, aunque la plataforma conserva la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el propio TSJM. Además, podría continuar la vía judicial para intentar anular o reducir la sanción en fases posteriores del proceso.
Este pronunciamiento supone un nuevo revés para la compañía, que ya ha acumulado varios fallos judiciales adversos en el último año en relación con este mismo caso, y es que el conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo ha seguido una estrategia progresiva. En mayo de 2025, el TSJM obligó a la retirada de cerca de 5.800 anuncios. Posteriormente, en septiembre, extendió esta decisión a otros 34.728 alojamientos. Finalmente, la plataforma optó por no recurrir la retirada de los aproximadamente 24.000 anuncios restantes incluidos en el expediente.
En total, las actuaciones han afectado a más de 65.000 viviendas turísticas en España, donde se cifra entre 350.000 y 500.000 los alojamientos de este tipo.
En paralelo, el proceso judicial sigue abierto, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace final. No obstante, la obligación de pago inmediato marca un punto de inflexión en el conflicto y subraya el endurecimiento del marco regulatorio para las plataformas digitales en España.
En este sentido, desde Airbnb señalan que "esta decisión es puramente procedimental y no entra sobre el fondo del caso, que sigue su curso. Airbnb ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España" y aseguran desde la plataforma que "esta sanción es contraria al marco legal español y europeo y la ha recurrido. Desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración el 1 de julio, Airbnb ha colaborado con las autoridades competentes en su implementación".
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