El pasado 28 de junio entró en vigor la Ley Europea de Accesibilidad (European Accessibility Act), una norma largamente esperada por el movimiento asociativo de personas con discapacidad y promovida por la Comisión Europea con el objetivo de eliminar barreras en el mercado interior. Sin embargo, su aplicación ha generado críticas por parte de expertos del sector, que lamentan una visión limitada en aspectos clave como el entorno construido.
Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, ha seguido de cerca la evolución de la ley desde sus orígenes. "Llevamos mucho tiempo impulsando esta normativa desde el ámbito europeo", asegura, aunque reconoce que su implementación ha sido parcial. “El entorno construido, que nos preocupa especialmente, no se ha recogido con el rigor necesario; la directiva se ha centrado sobre todo en lo digital”, afirma.
Además, España ha llegado con retraso a la cita. Aunque la directiva se aprobó en 2019, no ha entrado en vigor hasta 2023, pese a que la UE establecía dos años para su transposición y este desfase ha limitado el margen de adaptación tanto de empresas como de servicios públicos.
Servicios que aún no llegan a todos
La nueva normativa afecta a múltiples sectores, desde los servicios financieros hasta el transporte y el comercio electrónico. En este contexto, Hernández pone el foco en las dificultades cotidianas que siguen enfrentando las personas con discapacidad.
Uno de los casos más críticos es el de la banca digital. “Cerca del 40% de las personas con discapacidad no tienen una cuenta bancaria digital en Europa. Hay una brecha enorme, especialmente para mayores o personas con discapacidad intelectual, que se encuentran con procesos automatizados sin posibilidad de atención humana”, denuncia.
En el ámbito audiovisual, Hernández insiste en la necesidad de garantizar el subtitulado y la interpretación en lengua de signos, alertando de políticas regresivas como las vistas en Estados Unidos, donde algunos servicios han eliminado estas opciones básicas de accesibilidad.
Así mismo, considera que los servicios de emergencia (112) también presentan déficits graves: “Hay problemas de interoperabilidad. En muchos casos no responden en texto o en lengua de signos, y el personal no sabe cómo atender correctamente a una persona con discapacidad”, señala.
Entre los ámbitos “donde la ley se queda corta”, destaca el transporte, ya que regula la comunicación y la compra de billetes, pero no contempla la accesibilidad del material rodante
Entre los ámbitos “donde la ley se queda corta”, destaca el transporte, ya que regula la comunicación y la compra de billetes, pero no contempla la accesibilidad del material rodante —como trenes o autobuses—, lo que deja fuera una parte esencial del viaje para muchas personas.
Algo similar ocurre con los terminales de punto de venta (TPV) en los cuales, la eliminación de los teclados analógicos dificulta el pago para las personas ciegas. Ante esta realidad, Hernández propone una solución: “lo ideal sería que pudieras interactuar con el TPV desde tu móvil. Es algo técnicamente posible y universal”.
En el contexto del comercio electrónico, la exigencia para la Fundación ONCE es clara: que las plataformas sean completamente navegables con lectores de pantalla, que las imágenes estén etiquetadas correctamente y que no se pierda el foco durante la navegación. No obstante, les preocupa la capacidad de adaptación de las pequeñas empresas ante estos nuevos requerimientos.
Inteligencia Artificial y tecnología: aliados con matices
Según explicó el alto directivo de la ONCE, la tecnología, especialmente la Inteligencia Artificial, tiene un papel ambivalente: puede ser una herramienta poderosa para la inclusión o una fuente de nuevas barreras si no se diseña adecuadamente.
Así, Hernández destaca iniciativas como el real time test en WhatsApp, que permite a personas sordas seguir una conversación mientras se escribe, o proyectos como Sinai (Microsoft), que describe el entorno a través del móvil, facilitando la orientación. Sin embargo, advierte del riesgo de fraudes y del mal diseño digital: “la IA es útil cuando está bien entrenada y se alimenta de datos accesibles; por eso trabajamos en cómo la accesibilidad documental puede mejorar la eficacia de estos sistemas”. En este sentido, la colaboración con empresas tecnológicas internacionales, como Samsung en Corea, también ha sido clave para desarrollar estándares y certificaciones de tecnología accesible.
Un detalle al que se debe prestar especial atención es que desde Fundación ONCE se investiga actualmente la relación entre accesibilidad e inteligencia artificial en la lucha contra la soledad no deseada, especialmente en personas mayores.
Más allá de una ley: accesibilidad transversal
Según expuso ante los periodistas, para Jesús Hernández, el futuro de la accesibilidad pasa por una visión transversal en la legislación y considera que la revisión de la Ley de Servicios Digitales en Europa es una oportunidad para incorporar esta perspectiva de manera global. “Incluir la accesibilidad de forma transversal en todas las leyes es más efectivo que crear leyes específicas”, afirma.
También recuerda que un 10% de la población española tiene necesidades de accesibilidad, lo que convierte esta cuestión en una prioridad no solo ética, sino también estratégica para empresas y administraciones. En este marco, insiste en la necesidad de diseñar soluciones universales que puedan ser utilizados por cualquier persona, con o sin discapacidad. “Hay mucho camino por recorrer aún para garantizar una Europa verdaderamente inclusiva” concluye Hernández,
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