El Gobierno ruso ha aprobado este fin de semana una normativa que permitirá al país aislarse del internet global a partir del 1 de marzo de 2026, en un movimiento que refuerza el control estatal sobre las telecomunicaciones y formaliza un sistema de “gestión centralizada” de la red.
La medida, recogida en la resolución 1667, otorga al organismo de supervisión Roskomnadzor plenos poderes para restringir, redirigir o bloquear completamente el tráfico digital dentro de Rusia, en coordinación con el Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Ministerio de Desarrollo Digital.
El nuevo marco legal, presentado por el Kremlin como una iniciativa para garantizar la “estabilidad y seguridad” de las comunicaciones, otorga a Roskomnadzor la capacidad de intervenir en caso de “amenazas” que afecten al funcionamiento de internet. Entre esas amenazas se incluyen ciberataques, fallos técnicos, propagación de contenido prohibido o pérdida de conexión con redes extranjeras*.
En la práctica, la norma dota al Estado ruso del poder de desconectar su segmento nacional, conocido como Runet, del resto del mundo y operar una red interna bajo supervisión directa.
Control absoluto del tráfico digital
La nueva resolución establece que, ante cualquier contingencia, los operadores de telecomunicaciones deberán obedecer las órdenes del regulador, que podrá modificar rutas de transmisión de datos, aplicar filtros o redirigir el tráfico por medios técnicos propios. Las compañías deberán designar responsables de enlace con Roskomnadzor y facilitar acceso técnico para la recopilación de información sobre el estado de las redes.
Aunque los operadores tendrán la posibilidad de presentar quejas si el organismo bloquea contenido legal, su margen de actuación será limitado. En algunos casos podrán desviar temporalmente el tráfico fuera del sistema estatal, pero siempre notificando previamente al regulador, que conserva la potestad última sobre las comunicaciones.
El Gobierno argumenta que esta arquitectura es necesaria para proteger la infraestructura digital ante posibles “ataques externos”
El Gobierno argumenta que esta arquitectura es necesaria para proteger la infraestructura digital ante posibles “ataques externos”. Sin embargo, analistas y organizaciones de derechos digitales consideran que la medida institucionaliza un sistema de censura y control informativo sin precedentes en el país.
Hasta ahora, el Kremlin había aplicado la censura de manera fragmentada: bloqueo de páginas web, ralentización de plataformas occidentales y restricciones a las comunicaciones por mensajería. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, miles de sitios web y medios extranjeros han sido vetados, incluidos periódicos internacionales, redes sociales y portales informativos críticos con el Gobierno.
La resolución 1667 supone un salto cualitativo, al consolidar legalmente la capacidad del Estado para aislar toda la red rusa. La medida permite una desconexión completa del tráfico internacional, una posibilidad que Roskomnadzor ya había probado en regiones concretas durante episodios de sabotaje o protestas.
Además, el Gobierno ha endurecido las sanciones contra quienes difundan o accedan a contenidos declarados “extremistas”, categoría que ahora incluye a ONGs, colectivos LGTBI, activistas opositores e incluso información sobre organizaciones ucranianas.
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