Para ello, el Ejecutivo estima que, tal y como avanzamos en Zonamovilidad.es, la implementación de los sistemas de respaldo necesarios para garantizar la continuidad de las redes móviles requerirá una inversión de entre 50,9 y 72,8 millones de euros. Según el análisis técnico, esta horquilla se basa en un coste medio de 7.000 euros por emplazamiento, con un descuento del 30% por volumen. La medida afectará a unos 7.280 emplazamientos que hoy no alcanzan las cuatro horas de autonomía eléctrica exigidas para asegurar cobertura al 85% de la población en caso de emergencia.
Un refuerzo estructural tras el apagón
El apagón de abril demostró la fragilidad del sistema eléctrico y evidenció hasta qué punto las redes de telecomunicaciones dependen de la disponibilidad de energía.
El texto de la consulta pública, abierta hasta el próximo 8 de enero, califica las infraestructuras digitales como servicios de “carácter esencial en situaciones de emergencia”, lo que implica que cualquier autoridad, incluidas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá colaborar para garantizar su recuperación.
La idea es establecer obligaciones claras para operadores como Telefónica, MasOrange, Vodafone, Digi y Cellnex, así como para gestores de cables submarinos, centros de datos, sistemas satelitales y puntos neutros que superen el umbral de 500.000 usuarios o 50 millones de euros de ingresos. Todos ellos deberán presentar un Plan General de Seguridad que incluya análisis de riesgos y medidas prioritarias, además de planes específicos por tipo de red, servicio e incidente.
A partir de esa nueva clasificación, las infraestructuras de primer nivel deberán garantizar 24 horas de operatividad; las de nivel intermedio, al menos 12; y el resto, un mínimo de cuatro. Estas exigencias amplían los criterios ya esbozados en la propuesta original y consolidan un estándar más estricto para redes móviles que deberán mantener cobertura mínima al 85% de la población mediante tecnologías que cada operador podrá priorizar según su capacidad o vinculación a servicios críticos.
Un sistema de notificación más estricto para incidentes
La regulación también obliga a reforzar los sistemas que soportan las comunicaciones del 112 y las alertas públicas, un elemento especialmente sensible durante crisis energéticas o meteorológicas. Precisamente otro de los cambios sustanciales se centra en el modelo de notificación de incidentes. El borrador establece un protocolo con notificación inicial obligatoria en un plazo máximo de una hora desde el inicio del suceso, actualizaciones periódicas y un informe final que detalle causas, impacto y medidas adoptadas.
Además, se definen criterios para distinguir incidentes “significativos” de incidentes “menores”, en función del número de usuarios afectados, la duración, la zona geográfica y el tipo de servicio comprometido. Se trata de un endurecimiento claro respecto a las obligaciones actuales y de un mecanismo destinado a mejorar la coordinación entre operadores, administraciones y organismos internacionales.
Aunque el Gobierno afirma que el impacto presupuestario para el Estado será “nulo” debido a que las tareas de supervisión y coordinación se apoyarán en estructuras ya existentes, también reconoce que pueden surgir costes marginales asociados a herramientas de gestión de incidentes, auditorías y guías técnicas. No obstante, deja abierta la puerta a futuros programas de cofinanciación o ayudas.
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