El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, considera que Google Gemini puede vulnerar los derechos de los editores de prensa cuando reproduce contenidos periodísticos protegidos en sus respuestas o accede a ellos mediante la elusión de restricciones técnicas.
Sus conclusiones abren una posible vía para que los medios reclamen compensaciones económicas por determinados usos de sus publicaciones, aunque todavía no constituyen una sentencia vinculante. El pronunciamiento corresponde al asunto C-250/25, que enfrenta a la editora húngara Like Company con Google Ireland después de que la empresa denunciase que Gemini había utilizado sus artículos sin autorización entre junio de 2023 y mayo de 2024. Entre los ejemplos aportados figura una noticia sobre un cantante húngaro y un proyecto de acuario con delfines que el asistente resumió a petición de un usuario.
Ante las dudas sobre la aplicación de la legislación europea, un tribunal de Budapest ha elevado cuatro cuestiones prejudiciales al TJUE para aclarar los límites de utilización de publicaciones periodísticas por sistemas de inteligencia artificial.
Cuándo puede Gemini infringir los derechos de los editores
La principal conclusión de Szpunar establece una distinción entre los hechos recogidos en una noticia y su expresión periodística. Los primeros pueden utilizarse libremente, mientras que la reproducción reconocible de contenidos protegidos puede vulnerar los derechos de los editores.
En concreto, el abogado general identifica dos situaciones relevantes: el acceso ilícito a publicaciones mediante la elusión de medidas técnicas eficaces, como los muros de pago, y la reproducción de su expresión original en las respuestas del asistente. Además, considera que puede existir una infracción del derecho de puesta a disposición del público cuando estas reproducciones se producen de manera sistemática y sustituyen la consulta del artículo original.
La responsabilidad también puede alcanzar al proveedor del asistente si las prácticas infractoras forman parte de su modelo de negocio o si no establece mecanismos eficaces para prevenirlas.
El dictamen distingue entre utilizar artículos para entrenar modelos de lenguaje y recuperarlos posteriormente para generar respuestas. En este segundo supuesto, Gemini puede recurrir a tecnologías como la generación aumentada por recuperación (RAG), que permiten consultar información publicada en internet y utilizarla para responder preguntas sobre acontecimientos recientes.
Respecto al entrenamiento, Szpunar propone declarar inadmisibles dos de las cuestiones planteadas porque no existen pruebas de que los artículos de Like Company se utilizaran para entrenar Gemini. Asimismo, recuerda que la legislación europea contempla excepciones de minería de textos y datos que pueden amparar el entrenamiento de modelos bajo determinadas condiciones. Por tanto, sus conclusiones no establecen una obligación general de remunerar a los editores por cualquier utilización de contenidos durante ese proceso.
El impacto económico de la IA en los medios digitales
El procedimiento llega en un contexto de creciente preocupación por la pérdida de tráfico procedente de los buscadores, una fuente de ingresos publicitarios y captación de suscriptores para numerosos medios. Según un estudio de Pew Research Center, únicamente el 8% de las visitas a resultados de Google con resúmenes de inteligencia artificial terminó en un clic hacia enlaces tradicionales, frente al 15% cuando estos resúmenes no aparecían.
Por su parte, datos de Chartbeat recogidos por el Reuters Institute reflejan una caída del 33% del tráfico orgánico procedente de Google hacia más de 2.500 páginas web entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, aunque no toda esta reducción puede atribuirse a la IA.
Ahora, el TJUE deberá pronunciarse sobre la interpretación del Derecho europeo y su sentencia será vinculante, pero corresponderá al tribunal húngaro determinar si Google infringió los derechos de Like Company y, en su caso, las consecuencias económicas. La resolución podría establecer criterios jurídicos para delimitar qué usos de contenidos periodísticos están permitidos en los asistentes de inteligencia artificial y cuáles requieren autorización de sus editores.
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