El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado de forma definitiva la multa de 4.125 millones de euros impuesta a Google por abuso de posición dominante mediante su sistema operativo Android.
La resolución pone fin al largo proceso judicial iniciado tras la sanción de la Comisión Europea en 2018 y ratifica que la compañía utilizó su posición en el mercado móvil para favorecer sus propios servicios frente a la competencia. Los jueces de Luxemburgo han desestimado el recurso presentado por Google y su matriz, Alphabet, contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que en 2022 ya había validado la mayor parte de la decisión de Bruselas, aunque redujo ligeramente la sanción inicial desde los 4.343 millones hasta los actuales 4.125 millones de euros.
El TJUE ha señalado que confirma la sanción "tal como fue revisada por el Tribunal General", consolidando así una de las decisiones más relevantes de la política europea de competencia contra las grandes plataformas tecnológicas.
La investigación de la Comisión Europea acusaba a Google de imponer condiciones a los fabricantes de teléfonos móviles que utilizaban Android para garantizar la instalación por defecto de Google Search y del navegador Google Chrome. Según Bruselas, esta estrategia permitió a la compañía reforzar su posición dominante tanto en el mercado de los motores de búsqueda como en el de los sistemas operativos móviles y las tiendas de aplicaciones.
En el momento de la sanción, Android estaba presente en alrededor del 80% de los teléfonos inteligentes comercializados en Europa
En el momento de la sanción, Android estaba presente en alrededor del 80% de los teléfonos inteligentes comercializados en Europa. Asimismo, Google Search concentraba cerca del 90% de las búsquedas realizadas por los consumidores europeos, una posición que, según la Comisión, se vio reforzada mediante estas prácticas comerciales.
El Ejecutivo comunitario consideró que estas condiciones dificultaban que otros desarrolladores de navegadores y buscadores pudieran competir en igualdad de condiciones, al quedar relegados frente a las aplicaciones preinstaladas por defecto en los dispositivos Android.
Desde Google aseguran que “Android ofrece más opciones para todos y apoya a miles de empresas" y critican que "esta sentencia no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito. En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial ya en 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores”.
Ocho años de batalla judicial
Google recurrió inmediatamente la decisión adoptada por Bruselas en julio de 2018. Sin embargo, el Tribunal General confirmó en 2022 la mayor parte de las conclusiones de la Comisión Europea y únicamente redujo ligeramente la cuantía económica de la multa.
Posteriormente, la compañía presentó un recurso de casación ante el TJUE con el objetivo de anular esa resolución. Hace un año, la abogada general Juliane Kokott ya recomendó rechazar el recurso y respaldó la tesis de que Google había impuesto restricciones contrarias a la competencia a fabricantes de teléfonos móviles y operadores.
La sentencia definitiva sigue esa misma línea y cierra uno de los mayores procedimientos antimonopolio abiertos por las instituciones europeas contra una gran empresa tecnológica.
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