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El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el Real Decreto que va a regular el método de funcionamiento del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, concretamente los mecanismos de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes al respecto.

Estados Unidos está estudiando imponer una serie de sanciones económicas contra seis países (España, Reino Unido, Italia, Austria, India y Turquía) por los impuestos sobre los servicios digitales que consideran injustos.

El Parlamento italiano ha aprobado la aplicación de un nuevo impuesto aplicable a Apple, Google, Facebook o Amazon. La medida es muy similar a la que se aprobó en Francia hace unos meses.

El pasado 2 de septiembre, la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró a los medios de comunicación que no se puede renunciar a tener una estructura justa de imposición digital, ya que las empresas de la economía tradicional o física si están pagando impuestos allá donde se realiza la personalización del servicio. Tres días después, la patronal representante del sector de la industria tecnológica digital en España, AMETIC, emitió un comunicado en el que recordaba que “el impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) creará barreras de entrada al mercado a pequeñas empresas y startups, al resultarles más caro acceder a los servicios de las plataformas digitales, y repercutirá negativamente en el bienestar de los consumidores españoles, particularmente en las rentas bajas”

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño reiteró en Santander la necesidad de aprobar una tasa digital que obligue a las multinacionales de Internet a pagar impuestos allá donde se ofrece el servicio y lo hará preferiblemente con acuerdo internacional, o sin él