FACUA-Consumidores en Acción asegura que Telefónica está amenazando con aplicar penalizaciones de hasta 270 euros a usuarios de Movistar Fusión que han decidido anular sus contratos de permanencia como consecuencia de la subida de 5 euros mensuales que la compañía aplicará desde mayo.
De hecho, la Asociación explica que para evitar que estos usuarios completen sus solicitudes de portabilidad a otras compañías, Telefónica les envía un SMS con el siguiente texto: "Recuerde, al portarse a otro operador, pasaremos a cobro los posibles importes de su permanencia (hasta 270e). Más información llame gratis al 224472".
En este estado de cosas y tras múltiples escritos de denuncia, FACUA insiste en que la subida tarifaria “supone un incumplimiento contractual por parte de Telefónica, por lo que es la compañía la que debe abonar a quienes soliciten la baja las penalizaciones establecidas en la cláusula de permanencia, cuyo importe es de hasta 190 euros (y no 270 como indica el SMS)”.
Además, la asociación recuerda que el incremento de las tarifas de Movistar Fusión “es ilegal no sólo en los casos en que existan contratos de permanencia, sino de forma generalizada. Y es que desde el lanzamiento de estos productos en septiembre de 2012, Telefónica se ha comprometido en su publicidad e información comercial que mantendría los mismos precios para siempre”.
El equipo jurídico de FACUA está preparando una demanda judicial contra Telefónica por la subida ilegal de Movistar Fusión. En las últimas semanas, la asociación ha interpuesto una batería de denuncias contra el operador ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la multinacional española tiene su sede social.
La organización argumenta que con la subida, Telefónica incurriría en la aplicación de cláusulas abusivas, publicidad engañosa y el incumplimiento de obligaciones contractuales. Así, vulneraría la Ley General de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.
La CNMC no entra
Por su parte, la CNMC, ha respondido ya a un escrito registrado en el organismo regulador el 7 de abril que contiene una queja contra el operador por “modificar las condiciones de precio del servicio Movistar Fusión aprovechando una modificación de las condiciones técnicas del mismo”. En el mismo asegura que la subida no incide en temas de competencia ni afectan al interés público y añade que tampoco supone ventaja competitiva, más bien al contrario ya que los hechos “pueden precisamente generar una desventaja competitiva, en la medida que todos los consumidores y usuarios de Telefónica afectados por esta modificación pueden aprovechar la misma para cambiar de proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas, conservando la numeración afectada y en los plazos regulados legalmente, sin hacer frente a ninguna penalización”.
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